Consulta popular tendría problemas logísticos y presupuestales: Registrador
Colprensa
Resaltando su independencia como autoridad electoral, el registrador nacional, Hernan Penagos, dejó en manos de las altas cortes el futuro de la consulta popular.
En sus argumentos, el registrador señaló una serie de riesgos que se presentan para la realización de esta consulta popular, que pasa por problemas presupuestales y logísticos.
Estos problemas, además de las tensiones «sin precedentes» entre el ejecutivo y el legislativo, complicaría la realización de la consulta popular que el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo 7 de agosto.
Según explicó el registrador Penagos este martes, el tema logístico es un gran inconveniente para la realización de esta convocatoria de consulta popular, puesto que la entidad requiere un mínimo de 3 meses para cumplir con toda la logística.
«No pueden llevar a la Registraduría a cometer errores, el tiempo es demasiado precario, no es justo. Si quieren una consulta integra y bien organizada es necesario los tres meses y en este momento no hay recursos para realizarla», explicó.
En la logística esta la distribución del material electoral a 112.000 mesas de votación ubicadas en 67 países y 124 consulados, sumado a la capacitación a 650.000 jurados y la puesta a punto de los sistemas de información.
A esto, el Registrador explicó la falta de presupuesto para realizar las elecciones de la consulta popular para agosto, como lo convocó el presidente.
Según explicó, la entidad no tiene los 750.000 millones de pesos que se requieren para la realización e estas elecciones.
Incluso, en caso de que las Altas Cortes declare de inconstitucionalidad de este decreto, se podria generar un detrimento patrimonial a futuro, como lo explicó el registrador.
Ante este panorama que complicaría la realización de la consulta popular para este 7 de agosto, el Registrador Nacional Hernán Penagos, pidió a las Altas Cortes pronunciarse sobre esta disputa jurídica y tener en cuenta los tiempos para realizarla en caso de encontrar legalidad al decreto del gobierno Petro.
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