JEP pide a la Fiscalía investigar crímenes de arhuacos en Cesar
TAMBIÉN EXTINCIÓN DE DOMINIO A BIENES DE IMPLICADOS
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a varios terceros civiles que no han comparecido ante la justicia transicional, por su presunta participación en graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano.
Según la JEP, existen indicios sobre la posible implicación de estas personas en la desaparición forzada, tortura y asesinato de líderes espirituales y políticos del pueblo arhuaco, entre ellos los mamos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro. Además, se señala la tortura de los indígenas José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro. La jurisdicción también solicitó investigar la presunta responsabilidad de estos terceros en la conformación de estructuras paramilitares y su participación en crímenes como desaparición forzada y homicidio agravado.
Entre las personas señaladas figuran Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, propietario de la hacienda Bethania, ubicada en El Copey (Cesar), lugar donde recientemente fueron hallados restos óseos humanos. La JEP considera que este predio habría sido centro de operaciones de una estructura paramilitar y sitio de tortura de indígenas arhuacos. Se señala además su posible patrocinio a este grupo ilegal, en coordinación con miembros de la fuerza pública.
También se compulsaron copias contra Alfonso Macías, Carlos Mattos, José Mattos y Wilson Ramírez, este último conocido como “Jhon Ramírez”, quien sería jefe de seguridad del hacendado Alfonso Macías y presunto autor material del asesinato de los mamos arhuacos. Según la información recopilada, los crímenes se habrían ejecutado tras acusar a los mamos de conocer detalles sobre el secuestro de José Mattos.
De igual manera, la JEP solicitó a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía que evalúe la aplicación de esta figura jurídica sobre varios bienes: la hacienda Bethania, una vivienda en el centro de Valledupar que pertenecería a Eduardo Mattos Liñán —donde habrían sido retenidos inicialmente los mamos— y un apartamento que presuntamente pertenecía a Carlos Mattos, ubicado cerca del río Guatapurí, señalado de haber servido como escondite para los autores materiales de los crímenes.