Contralor urge al gobierno pagar subsidios de energía y gas y vigilar deuda

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió este martes sobre la necesidad urgente de asegurar recursos para pagar los subsidios tarifarios en los servicios de energía eléctrica y gas, cuya deuda acumulada en 2025 aún no cuenta con respaldo presupuestal confirmado.

La declaración se produjo tras una Mesa Técnica con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, donde también participó la Procuraduría General de la Nación.

Durante el encuentro, Rodríguez Becerra instó al Gobierno nacional a priorizar los pagos pendientes y a establecer un seguimiento estricto a las obligaciones del primer trimestre del año, con el fin de contener el aumento de la deuda acumulada que amenaza la prestación continua y sostenible del servicio en todo el país.

Según cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025, la deuda total del Gobierno y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios asciende a $7,6 billones. De este monto, $2,7 billones corresponden a subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones a la opción tarifaria implementada durante la pandemia, $1 billón a deudas de usuarios oficiales y $628.000 millones a subsidios de gas combustible.

El Ministerio de Minas y Energía informó en marzo que la deuda con empresas comercializadoras por subsidios de 2024 era de $1,9 billones. De esa cifra, $1 billón ya fue reconocido mediante resoluciones de pago, pero el resto sigue sin apropiación. Además, la cartera no entregó información sobre las obligaciones con operadores de gas combustible, pese a que fue requerida expresamente por la Contraloría.

En su comunicado del 20 de mayo, el Ministerio señaló que pagó alrededor de $2,5 billones para saldar la deuda por subsidios de 2024 y resoluciones emitidas entre enero y mayo de 2025. También se reportó el giro de $564.000 millones a 76 empresas del sector gasífero.

Si embargo, la Contraloría advirtió que persisten deudas correspondientes al primer trimestre de 2025 que aún carecen de presupuesto asignado, lo cual representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras y la continuidad de los subsidios para los sectores más vulnerables.

Otro de los temas abordados en la Mesa Técnica fue el estado financiero del fondo empresarial destinado a apoyar empresas intervenidas del sector energético. La Superintendencia de Servicios Públicos informó que, a marzo de 2025, este fondo contaba con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones. A su vez, enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones, de los cuales una parte corresponde a Electricaribe y otras dos empresas en liquidación.

Ante la insuficiencia de recursos, se indicó que se están explorando nuevas alternativas de financiación, incluida la posible creación de una renta parafiscal. Sin embargo, se aclaró que estas soluciones requieren tiempo de implementación, mientras la deuda continúa aumentando.

La Contraloría también señaló la importancia de revisar y actualizar las fórmulas tarifarias vigentes, incorporando factores de eficiencia que puedan reducir las tarifas y, con ello, la necesidad de subsidios.

Según el ente de control, las principales deficiencias del esquema actual comprometen objetivos fundamentales como la calidad del servicio, el acceso equitativo y la sostenibilidad del sistema, al tiempo que se detectan riesgos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“La ausencia de sistemas adecuados y de un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios, aspectos esenciales para garantizar una correcta distribución de los recursos en los servicios eléctrico y de gas combustible”, concluyó Rodríguez Becerra.

BOGOTÁ, (Colprensa).