Rechazo al ataque terrorista contra maquinaria amarilla en Curumaní
AUTORIDADES Y GREMIOS LANZAN S.O.S
EL CONSORCIO afectado, encargado de las obras sobre la Troncal del Magdalena 2, reportó pérdidas millonarias tras la quema de excavadoras, mezcladoras de concreto, entre otra maquinaria.
Preocupación y rechazo ha generado en todo el país el ataque perpetrado recientemente contra maquinaria amarilla del proyecto Troncal del Magdalena 2, en el corregimiento de San Roque, municipio de Curumaní, Cesar. El hecho, atribuido al grupo armado ilegal ELN, dejó como saldo la destrucción de más de 30 equipos clave para el desarrollo vial de la región y la retención de dos vigilantes, uno de los cuales logró escapar para dar aviso a las autoridades.
El atentado, considerado una acción terrorista directa contra la infraestructura nacional, ha encendido las alarmas tanto a nivel local como en el Gobierno central. Alcaldes, gobernadores, ministros y gremios del sector transporte coincidieron en condenar enérgicamente el ataque que afecta no solo a la obra, sino a cientos de trabajadores y al desarrollo económico del país.
“Atacar la maquinaria amarilla es atacar el progreso del Cesar y del país. No podemos permitir que los grupos armados sigan saboteando las inversiones que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó Hermes Martínez, alcalde de Curumaní.
El consorcio afectado, encargado de las obras sobre la Troncal del Magdalena 2, reportó pérdidas millonarias tras la quema de excavadoras, mezcladoras de concreto, vibrocompactadores, trituradoras, camabajas, carros tanque y cargadores, esenciales para la pavimentación y construcción de esta arteria vial clave para la conectividad entre la Costa Caribe y el interior del país.
Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que la situación ha sido comunicada al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa. “La quema de maquinaria representa una agresión directa al Estado, a los trabajadores, a las comunidades y a la inversión pública. Se requiere presencia institucional inmediata y acciones eficaces para enfrentar esta ola de violencia”, dijo.
REPUDIO NACIONAL
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, repudió el ataque, señalando que “la violencia contra las obras de infraestructura atenta contra el desarrollo nacional”. Asimismo, el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, alertó sobre el impacto que estos hechos tienen en la generación de empleo y la continuidad de los proyectos estratégicos: “Cada máquina destruida es un golpe al bienestar de cientos de familias”, sostuvo.
El gremio transportador, representado por Colfecar, también se pronunció, destacando que este tipo de atentados no son hechos aislados, sino parte de un patrón que amenaza la estabilidad de las inversiones y el abastecimiento nacional.
“Cuando se quema maquinaria amarilla, se quema la esperanza de desarrollo de muchas regiones. Rechazamos con contundencia este acto terrorista y pedimos mayor protección para los proyectos viales del país”, señaló la agremiación.
Ante este panorama, el Ejército Nacional desplegó unidades de la Décima Brigada en los tramos más críticos de la Ruta del Sol, especialmente entre Pelaya y Curumaní, mientras que la ANI y el Ministerio de Transporte activaron un protocolo de evaluación de daños para determinar la magnitud de la afectación.