“¿Quién convoca la huelga general?”
Una fotografía publicada por la revista Semana, capturada por el reportero gráfico Guillermo Torres, reveló una conversación profundamente inquietante entre Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti. El diálogo, registrado segundos después del hundimiento de la consulta popular en el Senado, muestra a Benedetti preguntándole a su jefe: “¿Quién convoca la huelga general?, ¿A quién se le dice que lo haga?”
La escena retrata un momento crítico: desde lo más alto del poder ejecutivo se esbozaba, en tiempo real, la convocatoria de una movilización masiva. ¿Pero contra quién? ¿Reclamando qué? Es evidente que el propósito aparente era incitar una protesta contra el Congreso, el cual, simplemente, dentro del ejercicio de su autonomía constitucional rechazó una consulta tramposa, sin fundamento ni legitimidad.
La reacción inmediata de Petro, expresada en una serie de trinos, confirmó el carácter instrumental del mecanismo de participación ciudadana: una fachada para alimentar su proyecto ideológico, no la intención sincera de entregarle al país una reforma laboral. No buscaban el debate democrático, sino una estrategia electoral camuflada. Cuando surgió la posibilidad de revivir la reforma original mediante la apelación ante la plenaria del Senado, los ministros se llenaron de excusas para evitarlo. La farsa había quedado al descubierto.
En su desahogo digital, Petro fue más allá. Denunció un fraude inexistente, agitó el resentimiento social y desató su retórica incendiaria contra los senadores; y no faltaron los “ricos”, “nazis”, “paramilitares” y “narcotraficantes”, que asesinaron campesinos y estudiantes durante “gobiernos de la derecha”. Y mientras alienta a sus fanáticos a lanzarse a las calles intoxicados por ese veneno ideológico, él, en otra alocución transmitida por todos los canales, se lava las manos: “La orden como presidente… es que la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo”. Pero, la traducción es: no intervengan ante el vandalismo.
Lo que sigue es aún más absurdo y peligroso: un gobierno que pretende alentar un paro nacional -financiado con recursos públicos- en contra de su propia inacción. Movilizar a comunidades que previamente subsidiaron en marchas oficiales para que protesten contra promesas que ellos mismos incumplieron. En síntesis: usarán dineros del Estado para atacar al Estado y erosionar la democracia.
Hay que decirlo con absoluta claridad: Petro, impulsado por su espíritu subversivo, está promoviendo un “estallido criminal”. Desde luego, no para derrocar al gobierno, como en el pasado reciente se intentó, sino con el propósito oscuro de afianzar su ideología a cualquier precio, apelando a todas las formas de lucha. La pregunta es: ¿lo permitiremos los colombianos?
La respuesta debe ser firme. No desde la violencia, sino desde la vehemencia institucional. Es momento de que las mayorías silenciosas de la nación despierten y se manifiesten contundentemente. Que los empresarios, sin temor ni complejos, convoquen a sus trabajadores a defender el orden democrático. Que los estudiantes, no contaminados por la ideología de izquierda ni engañados con promesas de universidades fantasmas que nunca construyeron, o el saqueo del Icetex, alcen la voz. Que los campesinos, víctimas del discurso vacío, se sumen. Que la Reserva Activa y los Veteranos, custodios de la Constitución, permanezcan en pie de lucha. Y que la oposición, ojalá por fin unida, actúe con altura y firmeza.
Las fuerzas vivas de la nación deben levantarse, no para incendiar el país como lo hacen las minorías, sino para defender con dignidad a Colombia.
*Expresidente del Congreso