Cerca del 80% de quienes defienden a migrantes en Colombia trabaja sin pago
Colprensa
Cerca del 80% de defensores y defensoras de personas en movilidad humana forzada en Colombia ejerce su labor sin recibir remuneración o con ingresos tan bajos que deben recurrir a trabajos informales para subsistir, según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
El estudio, realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), detalló que las personas defensoras de los derechos de migrantes y refugiados en Colombia enfrentan contextos marcados por la falta de recursos, la estigmatización social e institucional y un alto riesgo de violencia.
Colombia, principal receptor en la región de personas migrantes y refugiadas venezolanas con más de 2,8 millones, concentra una alta demanda de atención humanitaria y jurídica.
El informe concluyó que quienes trabajan en su defensa han sido blanco de amenazas y agresiones por parte de actores armados ilegales, quienes los señalan como “colaboradores de la guerrilla”.
Asimismo, la investigación identificó estigmatización desde sectores estatales y medios de comunicación. CODHES explicó que en algunos casos los defensores son utilizados políticamente: valorados cuando promueven la participación electoral, pero desacreditados y señalados como “vándalos” cuando reclaman acceso a derechos como salud o regularización.
Según explicó Marco Romero Silva, director de CODHES, “en un contexto regional cada vez más desafiante, las personas que defienden los derechos de migrantes y refugiados enfrentan crecientes obstáculos como la estigmatización, las amenazas y la reducción de recursos”.
Añadió que es urgente que tanto los Estados como la cooperación internacional reconozcan su papel y aseguren garantías para el desarrollo de su labor.
El informe detalla que el trabajo de las organizaciones defensoras incluye desde la provisión de albergue, alimentos y documentos hasta asesorías jurídicas para restitución de tierras o trámites de regularización migratoria.
CODHES advirtió que muchas de estas iniciativas funcionan sin apoyos estables, lo cual limita su capacidad de respuesta.
Frente a esta situación, la organización hizo un llamado al Estado colombiano para que implemente una mesa de garantías con enfoque diferencial —de género, étnico y generacional— y asigne recursos permanentes para proteger a quienes acompañan a población migrante y desplazada.
El informe sitúa el caso colombiano en un panorama más amplio. En América Latina y el Caribe, más de 100 organizaciones sociales que defienden los derechos de personas migrantes, refugiadas y desplazadas están en riesgo de desaparecer por la falta de recursos, la criminalización, la xenofobia y las amenazas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la región es la más peligrosa del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos.
La ACNUR estima que más de 23 millones de personas están en situación de refugio o desplazamiento en América Latina, como consecuencia de conflictos armados, persecuciones, crisis políticas, emergencias climáticas y pobreza estructural.
Frente a esta crisis, las organizaciones defensoras se han convertido en un soporte esencial para quienes huyen de sus países o territorios, enfrentan discriminación y buscan protección e integración en un nuevo entorno.
La campaña regional «Conecta por los Derechos», que incluye a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tiene como objetivo visibilizar el rol de quienes defienden a la población migrante y refugiada.
La iniciativa busca posicionar este tema en la agenda pública y exigir a los Estados que garanticen condiciones seguras y adecuadas para el ejercicio de esta labor.
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