Diario del Cesar
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La reparación a las víctimas del conflicto

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El Gobierno Nacional entregó un balance de los ocho años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia el 10 de junio de 2011. Como se sabe, la ley fue creada para reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985, y darles espacios de participación e incidencia en los diferentes niveles de gobierno.

Durante los ocho años de vigencia de la ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido cerca de nueve millones de personas (8.816.304), de manera individual, que constituyen el 17.7% de la población del país.

Además, se han registrado 616 sujetos de reparación colectiva, es decir, comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales, afectados en lo colectivo por el conflicto.

El aspecto central de la ley es proveer un marco institucional para reparar de forma integral a las personas afectadas de primera mano por el conflicto. Para ello se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Desde 2012, la UARIV ha invertido COP 11 billones en todas las medidas de la reparación integral, de los cuales COP 6.1 billones corresponden a indemnizaciones entregadas a casi un millón de personas.

La Unidad acompañó, entre agosto de 2018 y mayo de 2019, a 1.088 familiares de víctimas de desaparición forzada, en la entrega de 256 cuerpos o restos óseos.

 “La Unidad para las Víctimas se ha convertido en el principal agente humanitario del país”, indicó la misma organización en su balance. Desde 2012 ha coordinado la atención de 5.376 emergencias humanitarias causadas por el conflicto armado.

La restitución de tierras es otro de los componentes de la reparación integral de las víctimas. El proceso tiene tres etapas: la administrativa, la judicial y el posfallo.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lidera la parte administrativa: recibe solicitudes, reúne las pruebas de abandonos o despojos forzados, determina si inscribe el predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente (RTDAF) y tramita los procesos de restitución en nombre de las víctimas ante la justicia.

Según cifras oficiales, 71.284 solicitudes han finalizado el trámite administrativo, los que corresponde al 75% del total de las solicitudes. En la etapa judicial, ya hay sentencias para restituir 341.725 hectáreas, que benefician a 45.655 personas.

Recientemente, un convenio fue puesto en marcha por la Unidad para las Víctimas y la FAO, cuyo valor asciende a $2.000 millones, el cual permitirá garantizar la asistencia humanitaria y las reparaciones a grupos étnicos vulnerables afectados por la violencia. Precisamente, hace poco con motivo de la conmemoración del Mes de la Afrocolombianidad, la Unidad para las Víctimas reivindica la Diáspora Africana, a través de la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011, dirigido a la atención, la asistencia y la reparación de

1.035.068 víctimas (más del 50 por ciento son mujeres) de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Esa cifra equivale a 11, 75 por ciento del total de víctimas registradas que ascienden a 8.803.836.

La mayoría de los afrocolombianos víctimas están entre los 29 y los 60 años de edad, sigue una franja de personas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 28 años. En la actualidad existen 178 comunidades negras, afro, raizales y palenqueras incluidas en el Registro de Sujetos de Reparación Colectiva. Así mismo, en el 2018 entraron en diseño y protocolización del Plan Específico de Prevención, Protección y Atención a Comunidades Negras, los municipios de La Tola (5 consejos), Guapi (5 consejos).  Con respecto a la atención humanitaria, el Gobierno Nacional giró entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, recursos por $449´101.547.

Cabe destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el periodo 2015 a 2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, con el fin de impulsar acciones en favor de los derechos específicos de la Diáspora Africana en todos los países y promover los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y un desarrollo ajustado a su cosmovisión.