Diario del Cesar
Defiende la región

Una sentencia aliada del crimen

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No hay dudas que la Corte Constitucional, ya tan desacreditada y desprestigiada dentro de la sociedad colombiana, no solo dejó intacta la columna vertebral de la que nosotros siempre hemos llamado ´la sentencia bacana´, aquella que produjo el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, cuando en una noche de bohemia e inspiración, se le dio por construir un monstruo de mil cabezas denominado ´el libre desarrollo de la personalidad´, creando una serie de derechos individuales que hoy gozan de rango constitucional y lo que es peor, ha sido el cimiento para el desmoronamiento de valores y principios con los cuales se caracterizaba a nuestra sociedad.

Pues bien, esa ´sentencia bacana´ que muchos la interpretan como la ´luz´ del nuevo derecho, es la tea que hoy marca a más de 44 millones de colombianos, donde los derechos de las mayorías, los derechos de los niños, adultos mayores, de nuestra juventud y los adolescentes, son pisoteados, ultrajados y desconocidos por unos magistrados y magistradas que están muy alejados de la sintonía del querer nacional y forman parte del séquito de quienes se apadrinan como los tutores de ese nuevo ordenamiento de derechos en los que las minorías pasan por encima de ellos, sin detenerse en las consecuencias propias de la autodestrucción del que pregonan Estado Social de Derecho.

Ya no interesa si los magistrados también se la fuman verde o no. La investidura de la que hoy gozan no merece el respeto del colectivo.

La cacareada postura de la protección al derecho al libre desarrollo de la personalidad, llevó al delirio de los magistrados pues para ellos prima la protección individual según el cual al consumidor de drogas y alcohol no se le puede impedir que se tome los espacios públicos y sólo se le puede sancionar cuando cause un mal mayor como un delito.

Debe aclararse que las normas que acaba de tumbar la Corte son decisiones para proteger a los ciudadanos y a la sociedad general, y no al espacio público como lo dice el fallo. Es la facultad que tiene el Estado, delegada por los ciudadanos, para evitar que esas acciones desencadenen comportamientos antisociales que afectan a la inmensa mayoría de personas que usan esos lugares para fines distintos al consumo de estupefacientes o licores con propósitos “recreativos”.

Pero, además, es abrir la puerta para que la otra punta del problema, el negocio de quienes venden drogas ilícitas, aumente sus ganancias a costillas de la salud de los consumidores y de la tranquilidad de la sociedad. Es allí donde nació la decisión de intervenir esa “libertad” que la Corte ha considerado un exceso, como si el Estado no debiera de actuar en forma conjunta y coordinada para defender el derecho común a la tranquilidad y a la sanción de conductas que ocasionan males mayores como el narcotráfico.

En ese orden de ideas, llama la atención el que los magistrados no se hayan tomado el trabajo de escuchar a los alcaldes, a las autoridades de Policía, a los médicos, a los educadores y a los padres de familia sobre el daño que causa la permisividad sin límites al consumo de alcohol y estupefacientes. Ojalá se dieran una vuelta por los sitios donde se producen esos choques entre los derechos de los consumidores y los del colombiano, mujer, hombre, niño, adulto o menor, que necesitan un espacio público libre de drogas ilícitas que dañan la salud y en muchas ocasiones desencadenan conductas antisociales y nocivas.

Ello demuestra que estamos frente a una Corte sorda, ciega y muda, que ha sobrepasado todos los límites de la tolerancia y el respeto por sus fallos.

La sentencia parece más bien ser una aliada del crimen y de los mercaderes de droga, de aquellos que han dañado la vida de miles y miles de niños y adolescentes colombianos, a los que la Corte contribuye para que con las drogas les destrocen sus vidas.

La Corte Constitucional ha privilegiado la individualidad sobre el comportamiento colectivo, sobre la vida de los niños, adolescentes y adultos mayores y convierte al Estado a ser un convidado de piedra para controlar comportamientos que, está más que comprobado, en muchas ocasiones desencadenan males mayores como los atentados a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada o a la tranquilidad ciudadana.

La sentencia es un rudo golpe contra el bien común de la sociedad colombiana, que tendrá nocivas consecuencias que van contra la tranquilidad de los ciudadanos.