Diario del Cesar
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¿Ahora sí, guerra frontal contra la corrupción?

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El Congreso demostró tener voluntad política frente a varios proyectos contra la corrupción, dentro de los cuales uno de los que más llama la atención aquel de promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, fortalecer el Ministerio Público y algo novedoso: establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que malversen recursos públicos.

En los casos en que empresas privadas con maniobras corruptas se apropien de recursos públicos o les den manejos irregulares, la responsabilidad penal es individual y recae en los administradores o empleados que participaron en el ilícito, como se ha visto en grandes escándalos de corrupción del calibre de Odebrecht y la repotenciación de la Refinería de Cartagena.

No obstante este proyecto de ley, que presentaron en agosto pasado el Gobierno nacional y el procurador Fernando Carrillo, pretende en aras de la probidad administrativa dar dientes a la justicia para sancionar a las empresas privadas involucradas en corrupción en donde estén de por medio recursos públicos, si se demuestra que no se trató de una acción aislada de un colaborador que buscó lucrarse ilícitamente sino que la compañía participó en los hechos.

El presidente Iván Duque dijo al radicar personalmente este proyecto que “hay un elemento profundamente novedoso en nuestro país y es que se instaura la acción penal y el delito para las personas jurídicas dentro de las sanciones, está la sanción corporativa pero adicionalmente una sanción a los gestores y también a los propietarios, sanciones que son durísimas, entre las que se encuentra la prohibición de contratación con el Estado, se le da vida a la extinción de dominio exprés para que se puedan endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público”.

Por su parte el procurador Carrillo explicó en esa oportunidad que “este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”.

El proyecto de ley, que busca promover la probidad administrativa, fortalecer la institucionalidad y aumentar la articulación del Ministerio Público; establece también mecanismos de protección a quejosos y testigos en procesos disciplinarios, situación que en Colombia nunca se había implementado para casos que conoce la Procuraduría; y crea un sistema de alertas tempranas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos.

Igualmente, el proyecto busca la integración de una red nacional para la prevención de la corrupción, con el apoyo de las oficinas de control disciplinario de todas las entidades públicas, las personerías y todas las entidades y dependencias que cumplen funciones disciplinarias.

Se ajusta también el régimen disciplinario para combatir la corrupción y amplía los términos de prescripción de la acción disciplinaria que pasan de 5 a 20 años para las faltas gravísimas dolosas. Igualmente plantea un ajuste a la dosificación de las sanciones disciplinarias según la gravedad de la falta y el título de responsabilidad, dolo o culpa.

En materia disciplinaria por primera vez se inhabilitarán las empresas privadas para contratar con el Estado hasta por 20 años, si sus representantes legales o directivos participan en actos de corrupción que beneficien a esas compañías. Contempla la caducidad de los contratos estatales cuando se demuestre una falta disciplinaria gravísima dolosa, relacionada con la contratación o delitos contra la administración pública o el patrimonio público. El proyecto de ley establece igualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública, el medioambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y todos los delitos que afecten el patrimonio público. Esa responsabilidad será independiente de los delitos en que puedan incurrir sus administradores o representantes legales. Un proyecto con ´dientes y colmillos´