Diario del Cesar
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Al día con la revolución tecnológica

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Después de superar intensos debates y obstáculos  el Congreso aprobó la ley con la cual se pretenden modernizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia. Conocida como la ley TIC. Esa iniciativa es un gran paso para actualizar la actuación del Estado frente al sector con mayores y más revolucionarios cambios y para poner al país en el camino hacia la transformación y la democracia que significa el acceso a las redes para todos.

Como ha sido explicado con suficiencia, la ley TIC pretende llevar el acceso con calidad a la conectividad para que llegue “a la Colombia profunda de 20 millones de colombianos de los estratos 1 y 2, y áreas rurales”, según la Ministra del ramo. Para ello crea condiciones a los concesionarios del espectro radioeléctrico para que inviertan en el largo plazo con periodos que pueden llegar a los veinte años, lo cual genera condiciones para lograr el avance tecnológico en toda la Nación.

El efecto será crear posibilidades para que la nación tenga capacidad de utilizar la tecnología de las comunicaciones para acceder al conocimiento y la educación, para desarrollar sus actividades profesionales y encontrar una manera de superar las barreras que hoy existen. Si se cumplen esos propósitos y se aplica pensando en ello, la Ley puede transformarse en una revolución, vinculando al mundo de la tecnología a quienes hoy son marginados de ella.

Debe destacarse también la creación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que reemplaza dos entes, uno para la tecnología y otro para financiar la televisión pública, y facilita su administración. Según la Ministra, el cambio garantiza el máximo nivel de recursos posible, un incremento según el Índice de Precios al Consumidor y permite que el 10 % de los recursos sean utilizados para gastos de funcionamiento de los canales.

De otra parte, en la norma se cambian las condiciones en las que se han manejado la potestad del Estado para regular y vigilar las comunicaciones, financiar la televisión pública y promover la competencia en los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones. No es pues el enemigo de la televisión pública y por el contrario está previsto que permitirá aumentar el aporte para mantener su capacidad de divulgar la cultura nacional.

En ese sentido, la comisión que reemplazará a entidades como la Agencia Nacional de Televisión será conformada de manera que se evite la posibilidad de que el gobierno de turno asuma el control total de medios fundamentales para la libertad como la televisión o el internet.

Dentro de los artículos fortalecidos, la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, rescató el de las condiciones jurídicas para la comercialización del uso del espectro, permitiendo su adjudicación hasta por 20 años para mayores inversiones, “lo que facilitará llegar con conectividad de calidad a la Colombia profunda de 20 millones de colombianos de los estratos uno y dos, y áreas rurales”.

Así mismo, la Ministra destacó el artículo que permite el aumento por cuatro años para que los operadores comunitarios lleven Internet a los centros poblados y cabeceras municipales.

Este proyecto de ley pondrá la institucionalidad y la regulación del sector en el estándar internacional, para así dinamizar a la industria TIC. De esta manera, se consolidará un matrimonio entre el sector público y privado que tendrá un solo objetivo: conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. Es decir, se crearán las condiciones para que aumente la inversión y que esta se refleje en el cierre de las brechas digitales, enfocándose en la población de bajos recursos y en zonas rurales.

Como bien se dijo, uno de los objetivos del proyecto es focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital, lo que incluye conectar a todos los colombianos y fomentar la apropiación tecnológica, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom, además de las personas con limitaciones físicas. Para esto se propone la creación de un Fondo Único, que reúna los recursos del Fontic y el Fontv. Esto generará incentivos para vincular al sector privado y público en general en sus iniciativas de inversión.