A través de una acción de cumplimiento, el abogado vallenato Melkis Kammerer espera hacer cumplir la Ley 769 y minimizar el ‘negocio’ de las inmovilizaciones./STIVEN MENESES
POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA
El abogado Melkis Kammererdio a conocer ayer un fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal donde se ordena al municipio de Valledupar a que, en un término de 15 días, inicie el remate de los vehículos que se encuentran abandonados en el Parqueadero Municipal de esta capital.
Kammerer impetró la acción de cumplimiento solicitando la aplicación del artículo 128 de la Ley 769 del 2002 del Código Nacional de Tránsito, que permite a las autoridades de movilidad declarar en estado de abandono los vehículos inmovilizados por más de un año.
La Norma, modificada por la Ley 1730 de 2014, se agrava con el no pago de la infracción y estar en mora en los servicios de grúa y parqueadero.
También permitirá que Secretaría de Tránsito salde las deudas y reponga las pérdidas económicas a través de la subastao ‘chatarrización’.
Pero antes, deberá cumplir las normas del artículo 128: “publicar por una vez en un periódico de amplia circulación nacional y en el territorio de la jurisdicción del respectivo organismo de tránsito, el listado correspondiente de los vehículos inmovilizados (…).
Para que dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación, el propietario o poseedor del vehículo se presente a subsanar la causa que dio lugar a la inmovilización y a su vez, cancelar lo adeudado por concepto de servicios de parqueadero o grúa y luego se proceda a autorizar la entrega del vehículo”, dice el artículo.
Kammerer, afirma que mediante la aplicación de esta norma, terceras personas no podrán “seguir llenándose los bolsillos con el negocio que deja los cerca de 50.000 vehículos inmovilizados en Colombia por decretos inválidos”.
90% SON MOTOCICLETAS
Según datos suministrados por la Secretaría de Tránsito, en la ciudad existen más de 7.800 vehículos inmovilizados, el 90% son motocicletas.
Para Kammerer, el aumento de las inmovilizaciones es debido a los decretos que “ilegalmente” suscribe la administración municipal, y que violan el artículo sexto del Código Nacional de Tránsito como, el día sin moto o prohibir a menores de 14 años conducir.
En el párrafo tercero se indica: “Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de (…) las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos”.
Sin embargo, manifiesta el abogado, la Alcaldía Municipal expide decretos por más del tiempo permitido, uno o dos meses.“Unos han durado hasta 14 años, violan el estado social de derecho y produce daño en el artículo 90, además, ¿cuánto dinero no han recolectado?”.
La Contraloría General y el Personero Municipal, sostiene, son las entidades con injerencia en velar por que los funcionarios públicos cumplan las Leyes del Estado, sobre todo al interior del parqueadero municipal. “Se han visto negociar motos sin saber para qué o quién”, aseguró Kammerer.
Cada moto inmovilizada redondea los $74.000 y en una grúa, logran montar hasta 24 de ellas, afirmó. Asimismo dijo que los ciudadanos afectados, pueden sancionar los incumplimientos e indemnizarse hasta por $70.000.000.
5.700 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
El secretario de Tránsito Municipal Víctor Arismendy, manifestó que la identificación de los vehículos en estado de abandono inició en el 2017 en el parqueadero municipal y hasta el 2018, han inspeccionado el 30% del campo automotor.
“Eso no es un trabajo de 15 días como manifiesta el abogado sino, de seis u ocho meses”, aseguró Arismendy. Hasta el inicio de este año han identificado 5.700 motocicletas y 120 carros en esta condición.
“Estamos haciendo los actos administrativos para declararlos en abandono, pero necesitamos tiempo”, añadió.
Actualmente, la capital cesarense cuenta con cinco grúas puestas en funcionamiento por el Terminal de Transporte bajo un convenio suscrito con la Administración Municipal. La empresa encargada es Ibergrua de la Costa.
El gerente de la Terminal de Transporte de Valledupar, Luis Fernando Cuello, aseguró que pese a destinar $200 millones para la vigilancia de los más de 7.000vehículos inmovilizados, estos “no son suficientes”.
“Pagamos más de $10.000.000 anual en pólizas de seguro para evitar afectaciones por siniestros; en vigilancia, el guarda armado recibe $8.500.000 mensual por 12 meses; se invierte en mantenimiento de la maleza y aplicación del veneno, equipo de comunicación y convenio con bomberos”, dijo Cuello.
Subrayó que la custodia no es un negocio rentable para la Terminal de Transporte y que incluso “estamos perdiendo plata, por eso soy el más interesado en que se efectúe esa acción de cumplimiento”.