Diario del Cesar
Defiende la región

Una barbarie que debe terminar

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No paran los crímenes contra los líderes sociales en el país. En el Norte, por el Sur, por todas las regiones de la Nación ya es recurrente que la comunidad escuche la noticia sobre el asesinato de uno de sus miembros. Se trata de una barbarie sistémica que el Estado debe parar.

La cifra de líderes sociales asesinados en Colombia quintuplica la del país que le sigue, México, en esa oscura y lamentable lista que acaba de refrendar un informe de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Se trata de una situación que lleva tres años con las alarmas encendidas en el país, pero que no ha sido resuelta por el Gobierno Nacional y sus diferentes instituciones y agencias. Este fin de semana cayó otro líder en la zona rural de Santa Marta, en Guachaca, y horas más tarde se presentó otro en Catatumbo, Norte de Santander, lo que corrobora la crisis.

En el Magdalena ya son más de 5 los líderes que han caído asesinados, tres de esos crímenes ocurridos en Santa Marta, donde las autoridades no han tenido respuesta frente a ello.

¿Qué puede ser de una sociedad sin líderes que defiendan los derechos de las minorías, los intereses comunitarios y que alienten la unidad y el trabajo social? Muy en especial en países con marcadas necesidades y en democracias apenas en proceso de desarrollo. El mundo rural y periférico colombiano tiene en ellos a héroes anónimos que trabajan sin descanso por causas colectivas que van desde obras de infraestructura básica hasta derechos políticos, desde la protección del medio ambiente y la biodiversidad hasta los niños y la juventud.

El informe de la ONU y la Cidh es claro: “una región que sigue sin brindar garantías a quienes dedican su vida —y a veces la pierden— por defender los derechos de todos”.

En Colombia, el mapeo de los asesinatos ocurridos coincide con el de zonas atravesadas por fenómenos y grupos de la ilegalidad: cultivos ilícitos, minería criminal, microtráfico urbano, territorios y fronteras en disputa y áreas de restitución de tierras antes despojadas por la violencia del conflicto armado interno.

En la mira de estas conductas sistemáticas de eliminación están líderes indígenas, afrocolombianos, campesinos y comunales. El Gobierno anunció al inicio del año el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero los homicidios no se detienen. La preocupación de la comunidad internacional es creciente y explícita, dada la gravedad del contexto de indefensión y desatención de los activistas.

La crudeza de la situación le impone al presidente Iván Duque acentuar sus políticas y exigencias de protección y resultados desde la Policía Nacional y la UNP. En cuatro meses de 2019 (enero-abril), la Cidh y la ONU han podido verificar 21 de los 51 asesinatos informados desde Colombia.

Cada vez más se desvanecen las hipótesis según las cuales en los homicidios mediaban móviles domésticos, pasionales y de otras circunstancias personales de los líderes. Desde el 1 de enero de 2018 al 30 de abril pasado, fueron asesinados 317 líderes.

No puede haber zonas grises ni dilaciones ni posturas tibias ni promesas. Esta matanza reclama acciones inmediatas y concretas.