La Defensoría busca mejorar condiciones para mujeres privadas de la libertad
La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín, está implementando acciones para garantizar los derechos de las mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad, en el marco de la Ley 2292 de 2023.
Esta norma permite penas sustitutivas de servicios de utilidad pública para mujeres en situación de pobreza o marginalidad, pero hasta ahora ha beneficiado a menos de 100 reclusas de un universo superior a 2.500 potenciales.
La entidad ha identificado que la aplicación de la ley enfrenta obstáculos como interpretaciones judiciales restrictivas, falta de alfabetización jurídica entre las reclusas y deficiencias en las solicitudes presentadas por defensores públicos.
Frente a esto, la Defensoría ha realizado visitas a cárceles en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá buscando posibles beneficiarias y reforzando su representación legal.
Además, se han llevado a cabo capacitaciones para defensores públicos y reuniones con jueces de ejecución de penas para promover decisiones judiciales con enfoque de género. Estas acciones han incrementado las solicitudes de libertad en un 26,6%.
También se creó un micrositio web con herramientas legales para facilitar el acceso a la justicia.
“Con estas acciones, les decimos a las mujeres privadas de la libertad que no están solas. Estamos trabajando para que la justicia sea accesible, eficiente y con enfoque de género”, aseguró Marín, al anunciar nuevas medidas para fortalecer la implementación de la ley.