A comienzos del mes que acaba de concluir, el firmado Proceso de paz del gobierno anterior volvió a oír los sonidos de la explosión de los dos petardos – lanzados en su contra- que lo han tenido en vilo tras la posesión de Duque y la histeria de los adversarios de aquel. De hecho, la metodología seguida por quienes se han propuesto la tarea de hacer fracasar ese intento de acercar al país a una contienda por el poder, civilizada, ha estado a punto de funcionar. Por ello, el primer petardo lo constituye el grotesco “affaire” montado por el “cartel más grande de las drogas en el mundo”, la DEA, prestándose como rampa de lanzamiento el fiscal Néstor Humberto Martínez, para comprometer a un negociador sensible de los Acuerdos de La Habana en un hipotético envío de ¡diez toneladas! de alcaloide al atractivo mercado estadounidense. Pero el burdo montaje, que se percibió desde el principio, se ha ido desmoronando y ante la prevalencia del estado social de derecho en que constituyó a Colombia la Constitución del 91, los abogados del acusado han dado una pelea jurídica cuyos resultados están a la vista de todos. Digna batalla de un régimen democrático, que, en casos como este, pretenden desconocer quienes no cesan en la perfidia de perjudicar a la nación amparándose en intereses mezquinos en nombre de la justicia y la misma democracia. La Corte Suprema de Justicia, en su real saber y entender, dirá la última palabra ante este suceso que reafirma su papel de juez imparcial. (Ojalá, si su fallo definitivo no es el esperado por quienes le apuestan al fracaso del Acuerdo de Santos, no se salten las talanqueras del Estado de Derecho y persistan en la perversa Conmoción Interior con la que casi hacen volver añicos la Constitución a Duque,por sus malos consejos).
El segundo artefacto explosivo colocado en los cimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que eran las Objeciones presentadas a importantes artículos de su configuración, por el ejecutivo; que desde el Senado se intentaron imponer de forma matrera, el otro guardián, garante de la Carta Magna, terminó por darles entierro de tercera. La Corte Constitucional, nuevamente, vuelve a poner a salvo las instituciones y salvaguarda el único instrumento que garantiza el advenimiento de un país en búsqueda de su norte pacifista y democrático. La JEP sobrevive a los ataques de quienes la consideran un instrumento para la impunidad, cuando es todo lo contrario. Porque, por primera vez, en la historia de las guerras civiles de la república y en el largo conflicto armado interno de los últimos tiempos, quienes se parapetaron en distintos montículos del escenario de combate, legítimo e ilegítimo, deben responder por sus crímenes. Y lo más importante: deben comprometerse a no repetir, que es lo que ha impedido el cese de la violencia en Colombia y de ahípor qué hoy sumamos cerca de medio millar de líderes sociales asesinados, cuando se ponía que al dejar de existir una de sus causas objetivas esto mermaría.
De manera, pues, que lo de la novela de “Santrich” y las Objeciones a la JEP, deben ser enseñanzas que nos impulsen hacia la constitución de una nueva nación. Ya basta de seguir avivando conflictos, resucitando o manipulando criterios perversos que no se compadecen con la situación de un país en crisis social, en crisis moral y con altos índices de violencia. Ese sambenito de que Colombia, con el Proceso de paz, se le entregó al “narcoterrorismo”, es un embeleco que busca engatusar ignorantes, porque ese momento ya se experimentó no ha mucho tiempo.