Pese a estar destituidos e inhabilitados por 12 años, 16 concejales del municipio de Valledupar iniciarán esta tarde el segundo período de sesiones ordinarias.
En este nuevo proceso está previsto el cumplimiento de sus funciones de orden constitucional y legal; en particular el ejercicio de control político a la gestión de la administración municipal y el trámite normativo con la expedición de proyectos de acuerdos que sean sometidos a su estudio por parte de la Alcaldía o cualquier entidad u organismo que tenga la iniciativa para la presentación del mismo.
Pero ¿por qué si están destituidos e inhabitados aún siguen sesionando como concejales? Una fuente cercana a la corporación explicó que “hasta que ellos no sean notificados formalmente seguirán siendo concejales del municipio de Valledupar, esto es un proceso la noticia está circulando por los medios de comunicación, pero la Procuraduría aún no los ha notificado, eso puede durar un día, dos, cinco o diez días. Uno no sabe si alguno de ellos han presentado algún requerimiento o aclaración, esas son mañas que dilatan el proceso y ellos sesionarán hasta el día que el órgano de control les comunique su destitución e inhabilidad”.
Advirtió que “falta ver que los concejales que están en el segundo renglón acepten el cargo, incluso la mesa directiva del concejo también está afectada por esa decisión de la Procuraduría, lo que queda es que a través de una tutela puedan conseguir que suspendan el efecto, mientras el Consejo de Estado resuelva y podría bajarse la sanción de los 16 ediles”.
Uno de los 16 concejales inhabilitados por la Procuraduría es Yesith Triana, quien aseguró que “como servidor público soy muy respetuoso de las decisiones de los organismos de control, vamos a agotar todas las alternativas jurídica que nos quedan, vamos a impetrar una tutela que nos permita los efectos del fallo de la Procuraduría porque se nos están vulnerando nuestros derechos, igualmente procederemos a entablar una demanda de restablecimiento de derecho, incluso una medida cautelar o preventiva”.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la decisión tomada en diciembre de 2018, en la que el Ministerio Publico del Cesar sancionó a 16 concejales de Valledupar por las irregularidades presentadas en la elección de Omar Contreras como contralor de Valledupar.
El resto de los concejales afectados por la decisión del órgano de control son Víctor Julio Alvarado Bolaños, José AmiroAramendis Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Varela, Leonardo José López Valera, Leonardo José MestreSocarrás, Gabriel MuvdiAranguena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortíz Arias, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés, Luis Miguel Santrich Díaz y Roberto Carlos Castro Romero.