La eliminación de la Ley de Garantías
La propuesta de eliminar la inocua Ley de Garantías será el termómetro bajo el cual se pueda medir el grado de madurez política lo mismo que la transparencia y honestidad de los gobernantes locales y regionales que pregonaron por su abolición.
Recordemos que al eliminarse la figura de la reelección el país tuvo que reacomodar sus instituciones. Sin embargo, una restricción que aún permanece es la llamada Ley de Garantías, una norma que prohíbe a las administraciones locales realizar convenios y ejecutar obras cuatro meses antes de las elecciones.
Esta semana, las comisiones primeras conjuntas del Congreso le dieron trámite a la iniciativa que ajustaba la Ley de Garantías en primero y segundo debate. Pero aún faltan cosas por discutir en un proyecto que, como varios en la agenda, ya empieza a languidecer por tiempos.
El debate se centró sobre si el ajuste se aplicaría para los actuales alcaldes y gobernadores. El Congreso llegó a la conclusión de que como se trata de una ley estatutaria, sujeta a control constitucional, los tiempos ya quedaron cortos.
El articulado que está en trámite busca, en palabras del senador ponente Fabio Amín, del Partido Liberal, “levantar la prohibición que tienen los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal de celebrar convenios interadministrativos con entidades del orden nacional”.
Esto para, entre otras cosas, permitir el desarrollo económico del país durante los cuatro meses anteriores a las elecciones y además, para permitir a los alcaldes y gobernadores seguir realizando obras antes de terminar su periodo.
La reforma a la ley es una vieja promesa. Desde que el expresidente Santos prometió eliminar la reelección presidencial, los alcaldes y gobernadores han escuchado sobre la necesidad de reformar la norma.
De hecho, el presidente Duque reiteró su compromiso el 6 de marzo en el Congreso Nacional de Municipios. Allí le pidió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, adelantar la iniciativa con mensaje de urgencia.
“Con toda la razón este Gobierno se sintoniza con ustedes en que no tiene sentido en que si ya no existe la reelección presidencial sigamos teniendo esa ley de garantías y le pido a la Ministra que le dé el trámite de urgencia para que sea discutida en el Congreso”, dijo en esa oportunidad el Mandatario.
El mensaje fue atendido por el Congreso. Según el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, “es necesario eliminar esta prohibición, eliminada la reelección esta norma pierde todo sentido y toda calidad”.
Sin embargo, hizo la claridad de que esta ley solo aplicaría a partir del 1 de enero de 2020. La ley de Garantías conservará algunas disposiciones como la prohibición para que los alcaldes nombren nuevas personas en las plantas de personal de las entidades territoriales y prohibir las inauguraciones de las obras realizadas cuatro meses antes de las nuevas elecciones.
En su plena vigencia quedó demostrado que las administraciones terminaban prácticamente paralizadas durante un año, por una norma que se creó en 2006 y se eliminó en 2015. La llamada Ley de Garantías se convirtió en un bloqueo para la actividad de la economía que jalona el Gobierno nacional por medio de la contratación. Como se sabe, cuando se creó la norma con ella se buscaba que la persona con potestad de reelegirse no abusara del presupuesto para llegar al poder
Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, aseguró que esta iniciativa les permitirá a los próximos alcaldes cerrar su gestión con broche de oro y no paralizar los proyectos como pasó durante la campaña presidencial. Toro consideró que esta iniciativa permite que las entidades territoriales “reciban los recursos del Gobierno nacional para que los recursos lleguen a las personas. A nosotros, en últimas, nos importa que las obras se hagan, no que la plata quede en el sector financiero cuando las comunidades necesitan las obras”.
Ojalá que la reforma pase y los administradores entiendan que el manejo de los recursos no es para financiar campañas políticas ni entregar dadivas para conseguir votos.