Congresista Karen Manrique guardó silencio ante la Corte
La legisladora fue una de las ´consentidas´ del Gobierno y de Olmedo López en ´patrocinarle´ proyectos para su región.
La representante Karen Astrith Manrique guardó silencio en la indagatoria a la que fue citada en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre
Manrique hace parte del grupo de congresistas citado por el alto tribunal el pasado 1 de diciembre, junto a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur y Julián Peinado, por su presunta participación en actos de cohecho impropio relacionados con la aprobación de operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se habrían materializado en contratos asignados a través de la UNGRD.
Aunque Manrique no habló, su abogado Andrés Garzón explicó que su clienta guardará silencio hasta tanto el alto tribunal no le explique los motivos específicos por los cuales la está investigando.
“Sin embargo, se dejó claro que en el momento que se conozca toda la imputación, la representante va a hacer su pronunciamiento en indagatoria”, precisó el abogado defensor.
Agregó de manera sorpresiva y contrario a lo que se ha venido revelando en imputaciones sobre este caso, que no hay contratos ni dineros perdidos.
Según la Corte, existen indicios de que los parlamentarios habrían aprobado conceptos de crédito público con el compromiso de qué proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) se beneficiarían con la asignación de recursos de esa entidad.
La investigación revela que se presentó una «organización criminal», como la denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector de la Unidad. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López “El pastuso», quien dirige varias empresas involucradas en el escándalo.
Entre lo hallado estaría un contrato para comprar 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira, el cual habría presentado sobrecostos y otras irregularidades. En este se detectó que López y Pinilla se aliaron con “El pastuso» para entregarle el contrato a cambio de coimas.
En medio de ese escándalo, el pasado 27 de noviembre Andrés Calle e Iván Name, expresidentes de Cámara y Senado, respectivamente, rindieron declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
Para la Fiscalía, Name recibió $3.000 millones a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y recientemente imputada, y $1.000 millones a Calle, por presunta orden directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia”.
/Colprensa