Campaña de Santos Presidente sí recibió dineros de Odebrecht
En la sentencia emitida en pasados días en contra de Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente el juzgado 6 penal del circuito relató los hechos por los que la Fiscalía le endilga la entrada de dineros de Odebrecht a campañas políticas.
En el documento conocido por W Radio la Fiscalía relata que la investigación inicia por las denuncias hechas por los brasileños Luiz Antonio Bueno y Luis Eduardo Da Rocha, las cuales terminan en la captura del entonces director del INCO, el exviceministro Gabriel Ignacio García, quien fue el primero en hablar sobre los dineros de Odebrecht en las campañas presidenciales.
Entre las pruebas de la Fiscalía estaba documentada una reunión en la que Odebrecht pagó sobornos a cambio de la adjudicación de la Ruta del Sol 2 y 450 mil dólares, los cuales fueron girados a la excandidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Maria Fernanda Valencia, quien le contó a la Fiscalía que Roberto Prieto pedía dinero a las empresas para tapar huecos de las campaña de Juan Manuel Santos Presidente.
Según la Fiscalía estos hechos se pudieron comprobar mediante interceptaciones telefónicas en las que Prieto debate abiertamente el tema con el empresario “Eduardo Zambrano y Andrés Giraldo, y de las declaraciones de miembros del comité financiero de dicha campaña política.”
Juan Claudio Morales, Orlando Sardi y Consuelo Caldas, miembros del comité de la campaña también declararon que Prieto en su calidad de coordinador fue quien tramitó los recursos con el aval del comité financiero.
El ente acusador resalta el contrato entre la firma Paddington y la empresa Odebrecht para la elaboración de unas encuestas materializadas en 33 folletos alusivos a la citada campaña presidencial y que Eleuberto Martorelli señaló en declaración rendida el 28 de marzo de 2017 que a través de Luis Peña, representante de SANCHO BBDO, se pagó un millón de dólares a la campaña de Santos Presidente.
En el documento también se habla del aporte que hizo Interbolsa a la campaña, dinero que fue puesto en evidencia gracias a las declaraciones de Rodrigo Jaramillo y Francisco Ortiz Rebolledo.
Mientras tanto, el juez sexto de conocimiento de Bogotá ordenó que el empresario Roberto Prieto Uribe pague su sentencia de cinco años de prisión en una guarnición militar.
El exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoció su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado.
Prieto aceptó haber movido influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).
El empresario devolvió 887 millones de pesos en cuatro depósitos como parte de la reposición por los daños y afectaciones causadas a la Nación con su conducta.Sin embargo, no firmó ningún acuerdo de colaborar con las autoridades.
En el fallo contra el exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014 se advierte utilizó sus influencias y contactos para beneficiarse de manera directa mediante el cobro de comisiones para entregar de manera directa importantes contratos y cargos públicos.
“Sin miramiento alguno y aprovechándose de su cercanía con altos estamentos del anterior gobierno gestionó distintos contratos de obra pública y cargos en el Estado a cambio de financiación para las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón tanto en 2010 como en 2014”, precisó el juez en la lectura del fallo contra Prieto.
El funcionario judicial consideró que actitudes como las que Prieto incurrió afectan a toda la sociedad colombiana, puesto que las obras que deben ser ejecutadas de manera transparente y efectiva para mejorar la calidad de vida de todos son entregados por medio de artimañas a personas que no tienen cualidades éticas ni morales.
En este punto señaló que incurrió en un comportamiento antijurídico y afectando la fe pública en sus instituciones y en el Gobierno, puesto que se demuestra que la corrupción permeo todos estos estamentos.
“Conductas que son de suma gravedad en tanto la corrupción de los organismos del Estado perjudica enormemente a la población del país, en atención que los dineros que iban ser utilizados para el bienestar común quedan a través de procesos sofisticados de desvío de dinero en los bolsillos de unos pocos que aprovechándose de los cargos que ostentan”, precisó.
En el caso de Prieto Uribe se señala que sus “influencias con el Gobierno de turno logran que mediante acciones meramente fraudulentas que ciertas empresas se queden con contratos de obras públicas cuya ejecución posteriormente se ve truncada al ponerse en descubierto el acto criminal para la adjudicación de estos contratos, o simplemente ante la poca idoneidad de las empresas que se valen de esta clase de artimañas para hacerse con contratos del Estado”.