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Fiscalía pidió cárcel para Juez de Manaure

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Hernán José Acosta Rodríguez, quien funge como juez Promiscuo de Manaure, está implicado en el denominado ‘Carrusel de las Pensiones’, procesado por los delitos de cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural.

Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías se adelantó durante varias horas la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del juez Promiscuo de Manaure, Hernán José Acosta Rodríguez, sindicado de ser partícipe del escandaloso caso conocido como ‘el Carrusel de las Pensiones’.

Según lo dicho por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal, el togado habría incurrido en el fraude que le ha costado más de $100.000 millones al sistema pensional y del sistema financiero, tras supuestamente avalar cinco tutelas que  amparaban el mínimo vital de los trabajadores aparentemente inválidos para obtener de manera anticipada la jubilación.

Precisamente a raíz de esas sospechas y las investigaciones adelantadas contra el juez, en audiencia de imputación de cargos fue acusado penalmente como responsable de los delitos de prevaricato por acción, concierto para delinquir y cohecho impropio, a los que no se allanó.

El togado le imputó la Fiscalía Primera Delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, los delitos de cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir, cargos a los que no se allanó.

 

LA SOLICITUD

 

Mientras el delegado de la Fiscalía solicitó que al acusado le fuera impuesta la reclusión intramural en un establecimiento carcelario, considerando que representa un peligro para la sociedad y que teniendo la potestad de seguir fungiendo como juez podría alterar los elementos probatorios o reincidir el su presunto actuar, siendo apoyado en su petición por los abogados que representan a las víctimas: Colpensiones, empresas carboneras y compañías aseguradoras, el representante del Ministerio Público señaló que la disposición más adecuada sería la de otorgarle la detención domiciliaria, ya que con ello se cumplirían todos los fines constitucionales.

Entre tanto, el defensor de juez instó a que se le imponga la medida no privativa de la libertad.

“El señor fiscal mencionó que la investigación en este caso no ha terminado y que hay que sacarlo urgentemente de su puesto, como quiera que presó la dignidad de la justicia al servicio de una banda criminal. Es algo que considero idóneo y necesario, pero ese mínimo riesgo de reincidencia se evitaría bajo la detención domiciliaria. Los delitos que se le inculpan son íntimamente relacionados a su cargo como juez, con condiciones especiales y aspectos diferentes a otras conductas y en este caso no se trata de un delincuente ordinario. Si bien se acreditaron los requisitos probatorios para inferir su presunta autoría o participación en los hechos y existen algunos riesgos, se considera que todo se puede conflagrar con una medida menos restrictiva”, dijo el delegado del ministerio público.

 

ANTECEDENTES DEL CASO

 

Cabe recordar que las pesquisas iniciaron después que el ente acusador relacionara el caso escandaloso caso con una acción de tutela que, al parecer, habría sido previamente negociada a fin de fuera fallada a favor de un demandante contra compañías aseguradoras y un banco, lo cual se dio en el Juzgado Promiscuo de Manaure (Cesar) el 9 de agosto de 2017.

Sin embargo, 18 de septiembre de ese mismo año, la decisión fue revocada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento, al considerarla como improcedente a raíz de la apelación de las compañías afectadas.

Se conoció que en dicha acción de tutela el demandante le pidió al juez de primera instancia que protegiera sus derechos fundamentales y le ordenara a las empresas accionadas el desembolso de los valores correspondientes a las pólizas de seguro adquiridas, y el togado decidió proteger esos derechos y fallar a favor del accionante.

Luego de escuchar a todas las partes, el tribunal suspendió la diligencia a fin de estudiar detenidamente cada uno de los argumentos exhibidos en la audiencia para tomar una decisión, y citarlos nuevamente para las 3:30 p. m. del próximo 11 de junio, día en que impondrá la medida.