Diario del Cesar
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Fiscalía busca cárcel para el exalcalde Quintero de Codazzi

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Para las 9 a. m. de hoy fue citada nuevamente la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que desde el pasado martes se desarrolla ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar en contra del exalcalde de Codazzi, su exsecretario de educación y la representante legal de una empresa contratada para la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE en esa población, dadas las presuntas irregularidades que tuvo el contrato.

Lo anterior, tras largas horas de audiencia en las que la Fiscalía 12 Seccional adscrita a la unidad de delitos contra la administración pública, encargada de la investigación; el delegado del Ministerio Publico y la bancada defensora, trataron de convencer al togado de enviar o no a prisión a los sindicados, exponiendo sus propios argumentos.

Se trata de Efraín Quintero Mendoza, de 69 años, quien del 2012 al 2015 fungió como primer mandatario de ese municipio; Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, de 44, que en el mismo periodo ostentó el cargo en la dependencia mencionada; y Linda Xiomara Navarro Hernández, de 50, contratista y gerente del Consorcio Alimentación Escolar 2015.

La vista pública fue suspendida y reprogramada por disposición del juez, quien señaló que requería de un tiempo prudente para estudiar los elementos aportados por cada una de las partes para hacer un estudio minucioso y tomar la decisión, a su parecer, más adecuada.

 

 

LO QUE PIDEN LAS PARTES

 

Cabe anotar que el acusador pidió que a los exfuncionarios se les cobijara con la detención intramural, y a la mujer con el arresto domiciliario, dado el supuesto detrimento patrimonial millonario causado al municipio por las irregularidades del convenio. Sin embargo, en medio de la diligencia, el ministerio público manifestó que la Fiscalía no había cumplido con lo exigido por la ley para hacer la solicitud de ese tipo de medidas.

Entre tanto, los defensores de los sindicados instaron al juez a que no les impusiera ninguna medida, aunque en el caso de los exfuncionarios, el jurista a cargos de sus intereses le sugirió al tribual que si consideraba necesario otorgarles alguna, optara por una no privativa de la libertad para ellos dos.

 

LA SUPUESTA IRREGULARIDAD

 

El caso por el que están siendo judicializados alude a la celebración de dos contratos celebrados entre la Alcaldía de Codazzi en el año 2015 con dos empresas privadas sin ánimo de lucro, con los con los que presuntamente, se buscaba darle cumplimiento al PAE tanto en la zona rural como la urbana de esa población.

No obstante, al parecer se calculó un exagerado sobrecosto sobre las raciones cobradas y pagadas a ambos consorcios, al comparar los precios PAE de la Gobernación del Cesar con los del municipio, teniendo en cuenta las minutas del convenio que se pactó bajo los mismos valores y menús usados en el departamento, lo que según la Fiscalía, representa un detrimento patrimonial estimado en más de $893 millones.

A ello se suma que, presuntamente, la contratación se realizó de manera ilegal puesto que, al parecer, se desconocieron los requisitos aplicables que se exigen en materia contractual ya que no se hizo una selección objetiva, sino que lo hicieron de manera directa, sin efectuar una licitación pública o un procedimiento abreviado.

 

LA IMPUTACIÓN

 

Por lo anterior, a los dos exfuncionarios municipales les fueron imputados cargos en concurso por los delitos de peculado por apropiación, otro por peculado por apropiación agravado; contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, y falsedad ideológica en documento público, a los que no se allanaron.

A Linda Navarro, por su parte, la acusaron por el delito de peculado por apropiación agravado, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, los cuales no aceptó.