Ante las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se presentó voluntariamente el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, investigado por las presuntas irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar en dicho municipio.
El exmandatario local llegó acompañado de Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, exsecretario de educación de Codazzi y Linda Xiomara Navarro Hernández, contratista y representante legal de la Fundación Provenir, a quienes la Fiscalía les libró orden de captura por los delitos de peculado por apropiación agravado, celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Los antes mencionados fueron conducidos ayer en la tarde al Palacio de Justicia de Valledupar, donde llevaron a cabo la audiencia de legalización de captura ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías por las mencionadas acciones punibles.
Quintero Mendoza, fungió como mandatario desde el 2012 hasta el 2015. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía 12 Seccional adscrita a la unidad de delitos contra la administración pública, se suscribió el contrato de prestación de servicios N°002-2015 del 5 de junio de 2015, cuyo objeto era la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE para estudiantes de instituciones oficiales del municipio de Codazzi, por un valor de $1.226.177.920.
No obstante, al parecer se calculó un sobrecosto sobre las raciones cobradas y pagadas al consorcio, al comparar los precios PAE de la Gobernación del Cesar con los del municipio, teniendo en cuenta las minutas del convenio que se pactó bajo los mismos valores y menús usados en el departamento.
Lo anterior, según el ente acusador, significa que no se realizó el debido estudio de mercado para establecer los precios reales de las raciones que debían entregarse según el objetivo del contrato, y por el contrario, fueron los mismos sospechosos quienes determinaron dichos valores a su antojo. Sumado a ello, indicó que este se había planeado para focalizarse en cuatro instituciones educativas durante 200 días del periodo escolar del 2015, pero terminó siendo ejecutado en 13 colegios en 80 días.
DETRIMENTO POR 340 MILLONES DE PESOS
Según las pesquisas, esto habría representado un detrimento de más de 340 millones de pesos aducidos a sobrecostos, según las labores investigativas realizadas por dicha seccional.
Para el día de hoy quedó fijada la realización de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los procesados.