Acuerdo fundamental contra la corrupción
La más reciente calificación de Transparencia Internacional señala que Colombia no ha dado pasos significativos y eficaces contra la corrupción.
A diario son múltiples los escándalos sobre el robo de los recursos públicos y nada que se avanza en el Congreso con leyes que apunten a combatir con verdaderas herramientas este flagelo que tan grave nos golpea
Lo primero que se observa es que en el país hay gran debilidad institucional para controlar, investigar y penalizar los episodios de malversación y robo de los recursos públicos.
Desde Transparencia por Colombia, filtro del informe en territorio nacional, se advierte que las apuestas y los diseños de los mecanismos institucionales contra la corrupción se quedaron cortos frente a la gravedad de este abuso de poder.
Pero una de las críticas más inquietantes se refiere a la hibridación frecuente de las prácticas de corrupción públicas con las de las esferas del crimen organizado y las economías ilegales (mafias y estructuras delincuenciales de tipo local y transnacional).
Colombia afronta problemas de percepción y de realidad: de ambientes en los cuales se envía el mensaje de que todo se vale, con medios y fines que distan de mínimos éticos y legales, y de acciones públicas cotidianas, y a veces privadas, contrarias a la transparencia y el bien común. “La percepción no va a cambiar —se critica— mientras no se evidencien cambios de fondo”.
Estas transformaciones estructurales son las que se vienen aplazando en las reformas políticas, jurídicas y administrativas que requiere el sistema para impedir la corrupción, aunque la literatura y los decretos corroboren que Colombia es uno de los países con una de las legislaciones más robustas en este campo.
Cabe recordar, en el ámbito de las propuestas concretas, varias de las recomendaciones que pueden aplicarse en el corto y mediano plazos para combatir la corrupción:
Acabar la concepción generalizada de que la trampa está validada para acceder al poder, con base además en la fragilidad del sistema político. Para ello hay que garantizar una financiación de las campañas que ponga límites, para que los apoyos no se paguen con clientelismo. Esa habitual transacción de votos por burocracia o por las mordidas al erario, en contratación, para “recuperar los gastos” en los equipos, correrías y logística del proceso proselitista.
La justicia no puede continuar con sanciones irrisorias que envíen un mensaje de impunidad y “triunfo” de los corruptos. Penas bajísimas frente al tamaño de desfalcos comprobados.
Ya van más de dos décadas en que se perfila, pero se aplica a medias, un sistema de meritocracia que estimule el gobierno en manos de personas capacitadas y probas que, además, tengan las garantías de carrera para ejercer sin contraprestaciones o presiones desde las maquinarias y los caciques.
Es una pena que hacia adentro y hacia afuera no haya señales de transformación y combate a un mal que, junto al narcotráfico, está entre las prácticas más dañinas a la solidez moral y ética de los ciudadanos y al mismo desarrollo del país.