Procuraduría pide al Gobierno escuchar a mineros y campesinos que están en paro
La Procuraduría le pidió al Gobierno escuchar a los mineros y campesinos que se encuentran en paro desde hace tres días en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Boyacá, Caldas, Risaralda, Norte de Santander y Santander.
Para Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, es fundamental que estos grupos tengan la oportunidad de ser escuchados y de recibir alternativas viables en el escenario de negociación del paro campesino y en el marco del derecho a la participación en asuntos ambientales que se discuten en la cumbre mundial de biodiversidad.
Así mismo, Guerrero dijo que es fundamental que no existan puntos innegociables en este proceso, adicionando la pertinencia de dar una respuesta efectiva que satisfaga las necesidades de la protección y conservación de la biodiversidad, así como del bienestar y del derecho al desarrollo de estas poblaciones campesinas.
El llamado de la Procuraduría coincide con el anuncio de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien informó que un equipo de funcionarios de la cartera ya se encuentran entablando diálogo con los manifestantes del paro minero, con el objetivo de llegar a consensos.
“Hemos enviado a la viceministra Tatiana Roa, que está pendiente, pero tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios en Bucaramanga, del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente para atender las reivindicaciones de los y las protestantes, así que esperaremos cómo se desarrolla el proceso”, destacó la Ministra.
La protesta, que coinciden con la realización de la COP16 de Cali, busca una respuesta del Gobierno sobre la falta de cumplimiento en la formalización de la minería, situación que afecta gravemente a quienes dependen de esta actividad.
Los manifestantes reclaman que el presidente, Gustavo Petro, no ha cumplido con sus promesas de regularizar la minería ilegal, lo que ha llevado a condiciones precarias de trabajo.
El reciente decreto 1035 de 2024, que autoriza a la Fuerza Pública a incautar maquinaria amarilla utilizada en actividades mineras exacerbó el malestar, puesto que alrededor del 70% de las unidades productivas del sector depende de este tipo de aparatos para su subsistencia.
/Colprensa