La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) para investigar posibles irregularidades en la destinación de los recursos de la salud, tras un informe de la Contraloría General que revela hallazgos sobre su manejo durante 2020.
El proceso verifica el uso de los dineros girados por la ADRES a las EPS, tanto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como de los presupuestos máximos, que son recursos destinados a cubrir servicios y tecnologías de salud no financiados con la UPC.
También se busca establecer si los responsables de las EPS incumplieron el principio de anualidad presupuestal.
Recordemos que la Procuraduría Delegada de Salud, a través de un documento firmado por Diana Ojeda, cuestionó este mismo informe de la Contraloría General sobre el manejo de los recursos públicos de las EPS durante 2020. Ojeda había señalado que había falta de rigor en la investigación y afirmó que algunos de los hallazgos fiscales presentados son inexistentes.
El documento, dirigido a Carlos Hernán Rodríguez como contralor general, criticó especialmente que la Contraloría reprochara los gastos administrativos de la Nueva EPS, que están permitidos por ley y han sido aplicados de la misma manera por todas las EPS desde hace más de una década.