Un líder social es asesinado cada dos días en Colombia. Desde el inicio de 2016, se han registrado 1.420 homicidios de defensores de derechos humanos.
Así lo denunció, la procuradura General de la Nación, Margarita Cabello, quien se reunió este jueves con Greg Howell, alto funcionario de USAID para América Latina y el Caribe. El encuentro buscó intercambiar reflexiones sobre la seguridad y derechos humanos, además de fortalecer la cooperación para crear condiciones que permitan el ejercicio seguro del liderazgo social en Colombia.
Durante la reunión, se resaltaron las recomendaciones de la Procuraduría al Gobierno, enfocadas en mejorar la protección de los líderes sociales y aumentar la presencia institucional en las zonas más afectadas.
También se discutió la necesidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales para desmantelar las estructuras criminales que amenazan la vida de quienes defienden los derechos humanos. La colaboración con USAID se considera fundamental para avanzar en una respuesta integral a esta crisis.
La situación ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, reconociendo que las políticas actuales son insuficientes para garantizar la seguridad de los líderes en regiones críticas como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia. En respuesta, la Corte ha lanzado instrumentos como el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas (IPRA) y la Directiva 005 de 2024.
La Procuraduría insistió en la necesidad de implementar planes integrales de prevención y rutas de protección específicas, tanto individuales como colectivas, con el objetivo de frenar la ola de violencia y proteger a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más equitativa.
/Colprensa