En cumplimiento de una medida de reparación impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente Gustavo Petro, en nombre del Estado colombiano, pidió perdón a las víctimas del genocidio político del movimiento la Unión Patriótica (UP).
«Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica», aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X, pues por una incapacidad médica no pudo asistir al acto de perdón con más de 1.500 víctimas, sobrevivientes y familiares que se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
En un acto público en septiembre de 2016, el expresidente Santos ya había reconocido la responsabilidad del Estado en la muerte y desaparición sistemática de simpatizantes de este partido. “El Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo Santos.
El Sistema Interamericano halló culpable al país por el exterminio de más de 6.900 miembros de este movimiento político que nació en el primer proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en 1985. De estas víctimas, 4.616 fueron de homicidio y 1.117 de desaparición forzada, según la JEP.
Luego de su desmovilización, grupos paramilitares en complicidad con algunos uniformados de la Fuerza Pública, según documentó la Fiscalía, persiguieron y asesinaron a los simpatizantes de este partido que, si bien en un primer momento fue el ala política de las Farc, luego integró ideológicamente al Partido Comunista y sindicatos obreros, llegando a ser la tercer fuerza política más importante del país
Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene en curso la investigación del macro caso 06 por la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Hasta el momento se han llevado a cabo 29 eventos de escucha colectiva y recibido versiones de 13 comparecientes, en 40 sesiones.
Este acto de reconocimiento y perdón estuvo liderado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, entidad que vigila el cumplimiento de las disposiciones internacionales, y tiene un profundo sentido simbólico pues busca garantizar que hechos ocurridos como con la UP “nunca más se repitan” en una sociedad democrática.
“Este evento no solo es una medida de justicia, sino también un mensaje claro de que en Colombia no se tolerará la persecución por razones políticas”, dijo César Palomino, director de la Agencia.
/ElTiempo