Los ‘chicharones’ inmediatos que debe dar solución el procurador Eljach
Sin que aún se posesione como el procurador general de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, ya empezó a tener una lista de temas que le harán casi que ineludibles de solucionar o al menos de pronunciarse.
Aunque su antecesora, Margarita Cabello, ha avanzado en la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en donde se evalúan las responsabilidades en la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira y la compra de 1.000 tanques de reserva de agua para rancherías en este departamento, Eljach muy seguramente tiene en este el primer caso para empezar a demostrar su independencia con el gobierno, pese a que llegó a ese cargo por la nominación del presidente Gustavo Petro.
Dos asuntos más tienen que ver con el gobierno. Uno el caso de la investigación disciplinaria que se abrió contra Laura Sarabia, directora del Dapre, esto por el caso Marelbys Meza, en donde uniformados al servicio de la seguridad de la Casa de Nariño sometieron al polígrafo a la entonces niñera del hijo de Meza, todo para saber sobre el paradero de millonaria suma de suma de dinero que se perdió de un maletín.
El otro caso es el relacionado con el hijo del mandatario, Nicolás Petro, la investigación que se abrió el 3 de marzo del 2023 por presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la campaña presidencial de 2022.
En la lista de los pendientes Eljach deberá defender las facultades y competencias de la Procuraduría para que no se las recorten en el marco de la reforma a la justicia que el Gobierno anunció que presentaría. En su discurso tras la victoria sostuvo que actuará al respecto con lo que dice la constitución.
Eljach Pacheco además le corresponde velar para que sigan vigentes las facultades sancionatorias de la Procuraduría en el caso de funcionarios de elección popular, propender porque se aclare el procedimiento para evitar colisiones con el Consejo de Estado.
Otro de los grandes retos que tendrá el nuevo procurador será la vigilancia de los derechos humanos, que, si bien en las últimas décadas ha sido un tema crítico en el país, en este momento se ve exacerbado por la violencia en las regiones, principalmente debido al accionar de los grupos armados ilegales, que, en su afán de dominar las rentas criminales, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, afectan los derechos de los ciudadanos sin recato alguno.
El miércoles, al hablar ya como jefe del Ministerio Público, señaló que en su gestión hará “acciones relevantes para proteger estos sectores tan sensibles en la sociedad colombiana, familia medioambiente, procuraré por una sociedad más tolerante con garantías para la Protección Civil afrodescendientes líderes sociales mujeres, niños niñas y adolescentes firmantes de la Paz y demás grupos de especiales de interés y de protección constitucional también soy un convencido y voy a garantizar a plenitud el derecho a una opción sexual diversa”.
Manifestó que “mi deber como Procurador General de la Nación es defender la mayor independencia y autonomía entre las tres ramas del poder público entre sí y aplicar un sistema de pesos y contrapesos”, aunque aclaró que “la Procuraduría General de la Nación será un órgano el cumplimiento estricto de las normas que le atañen de la Constitución Política con todas las reformas que ella ha sufrido y también con la normativa internacional en la que está comprometida Colombia pero también va a estar en el territorio, va a estar con la gente de a pie, va a estar con la gente de provincia y en las grandes capitales y los grandes conglomerados”.
En cuanto a la lucha contra la corrupción y las sanciones, manifestó que “la lucha contra la corrupción requiere contar con los avances de la ciencia y de la tecnología en la administración y elevar la dignidad de los funcionarios con garantías de sus derechos”, a la vez que esto será “posible con una estrategia de repotenciación de la Procuraduría General de la Nación y una oposición férrea a su menoscabo en relación con la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a los funcionarios elegidos por votos popular”.
En concreto sobre esto indicó que “estoy convencido que debemos en Colombia respetar el control de convencionalidad existen alternativas jurídicas para compatibilizar para armonizar los mandatos de la Comisión Americana de Derechos Humanos con la existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa de los derechos y también de las garantías”.