La Procuraduría General de la Nación decidió este lunes intervenir en la tramitación de la licencia ambiental para la perforación del pozo Komodo-1, un proyecto de Ecopetrol para explorar gas costa afuera en el Caribe colombiano, tras detectar graves fallas en la coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La falta de articulación entre estas dos carteras generó una demora significativa en la tramitación de la licencia, lo que a su vez ha puesto en riesgo una inversión de 35 millones de dólares y afectó la meta de perforar 40 nuevos pozos exploratorios en el país durante este año, según denunció el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero.
El ente de control solicitó la revocatoria de la decisión que suspendió el trámite de la licencia para el proyecto. Esta medida busca restablecer el proceso administrativo y asegurar que se cumplan los procedimientos regulatorios establecidos para proyectos de esta magnitud.
Durante una mesa de trabajo convocada para revisar el caso, se identificaron deficiencias en el Comité Técnico Consultivo, encargado de asesorar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Este comité, crucial para la evaluación de proyectos críticos, no ha funcionado adecuadamente, afectando la celeridad y la efectividad del trámite de licencia.
Guerrero informó que la Procuraduría establecerá una mesa de trabajo permanente con representantes del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y otras entidades relevantes. Este grupo tiene como objetivo mejorar la coordinación y el diálogo entre los sectores involucrados, con el fin de solucionar las disfunciones en el proceso de licenciamiento.
La Procuraduría destacó la importancia del proyecto Komodo-1, que cuenta con una inversión social prevista de 7 mil millones de pesos.
Además, el procurador recordó que Ecopetrol, con una participación del 40% en el proyecto, ya invirtió 35 millones de dólares en las fases preparatorias. Esta inversión, considerada significativa tanto para el Estado como para el patrimonio nacional, podría verse comprometida si el proceso no se resuelve de manera oportuna.
La Procuraduría busca de esta manera garantizar que el proceso de licenciamiento se realice de manera eficiente y conforme a la normativa vigente, asegurando el desarrollo responsable y sostenible de proyectos de exploración de gas en Colombia.
/Colprensa