Reforma a la educación: Gobierno radica proyecto que modifica la financiación de las universidades públicas en Colombia
El Ministerio de Educación, en cabeza del ministro Daniel Rojas, radicó el proyecto de ley con el que se busca reformar la financiación de las instituciones de educación superior públicas del país, y con ello salvar a estas de la crisis financiera que actualmente atraviesan.
Este proyecto, presentado con el nombre de ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’, pretende reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, los cuales establecen el mecanismo con el que se incrementan los recursos destinados por la Nación a las universidades públicas del país.
Así lo explicó en el evento de radicación, realizado hoy en el Capitolio Nacional, el ministro Rojas: “Sabemos que nos queda mucho por recorrer, que el propósito del gobierno nacional es precisamente avanzar no solamente en financiamiento, sino también en bienestar, en calidad, en pertinencia, pero este acuerdo nacional que supera las ideologías, supera los estratos, supera los orígenes regionales, nos une como colombianos».
Se trata de uno de los proyectos más esperados para el sector educativo, con el que se espera rescatar a las universidades públicas del déficit presupuestal que arrastran desde hace varios años por cuenta de la diferencia entre el cálculo que se aplica para los incrementos de su presupuesto cada año, que actualmente se tasa con el IPC, es decir, la inflación. Sin embargo, en la realidad los costos de estas instituciones aumentan anualmente más que el IPC.
De esta forma, el articulado propuesto establece la base para determinar los incrementos anuales en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), establecido por el Dane.
Este era uno de los llamados hechos tanto por el movimiento estudiantil, los rectores de las universidades privadas y expertos del sector, quienes durante años han reclamado que se utilice el Ices, al ser este más cercano a las verdaderas necesidades de las instituciones.
Según el ministro Rojas, el texto fue discutido con diferentes instancias, entre ellas las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas del país de carácter público: «Lo que pretendemos es lograr cumplir lo que está en el PND manteniendo la estrategia pero cambiando la táctica, esto es llevando al Congreso de la República un proyecto de ley muy sencillo de transformar los artículos el 86 y el 87 para garantizar que crezca la base presupuestal de las instituciones de educación superior, no solamente universidades sino también instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, además planteando unas conversaciones con muchos actores para lograr lo que nosotros hemos denominado un acuerdo nacional por la educación”.
Y agregó que la idea de la iniciativa es lograr un acuerdo con diferentes actores en el Congreso, incluyendo a la oposición: “Indistintamente de nuestras ideologías, nuestras regiones, cualquiera que sea nuestro entendimiento del derecho a la educación, o como queramos entender el derecho a la educación, lo importante primero es garantizar la financiación”.
De esta manera, el proyecto trae algunas novedades además del cálculo a partir del ICES y no del IPC. Uno de ellos, es que se deja explícito en el texto que en el caso en que el IPC sea un año más alto que el Índice de Costos de la Educación Superior, el Gobierno deberá tomar en cuenta el mayor valor.
Así mismo, deja abierta la posibilidad a que el Estado decida, de manera voluntaria, destinar recursos adicionales al incremento de la base presupuestal, con lo cual, dice el Ministerio, se espera reducir lo que, durante años, ha sido catalogado como la ‘deuda histórica’ con las universidades públicas, es decir, el dinero que estas dejaron de recibir durante años por cuenta del cálculo con el IPC. De acuerdo con el Sistema de Universidades Estatales (SUE) este monto asciende a los 15 billones de pesos.
De momento, el proyecto no cuenta con un aval fiscal del Ministerio de Hacienda, lo cual puede llegar a ser una piedra en el camino en el Congreso, más al tratarse de una iniciativa que trata exclusivamente temas de recursos. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación señalan que se trabaja con Hacienda en la construcción de un documento que avale el proyecto.
¿Por qué ya no una reforma integral a la educación superior?
Antes de su salida de la Cartera, la exministra de Educación, Aurora Vergara, anunció que dejaba en manos del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, cinco proyectos de ley, entre ellos un segundo intento por sacar adelante la ley estatutaria de Educación, y segundo una reforma integral a la Ley 30, que fue anunciada como la ‘Nueva Ley de Educación Superior’.
Sin embargo, el fracaso de la estatutaria en el Congreso hizo replantear la estrategia del nuevo Mineducación, quien decidió descartar, por ahora, volverla a presentar y pasar de una reforma integral a la Ley 30 a solo modificar dos artículos: los 86 y 87.
Se trata de una movida que fue aplaudida por las universidades públicas (aunque no ha tenido total aceptación del movimiento estudiantil).
Y es que la reforma a esta ley nació precisamente para modificar estos artículos y es eso lo que está registrado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el plan de Gobierno del entonces candidato Gustavo Petro.
Cabe recordar que fueron precisamente estos artículos los que desencadenaron los paros estudiantiles de 2018 y 2019 (en el gobierno de Iván Duque), y un fallido intento por reformarlos en 2011 (en el gobierno de Juan Manuel Santos) terminó en el paro de 2011, que se extendió por siete meses.
Según le contó el ministro Rojas a este diario, el cambio se dio para lograr atender las necesidades más urgentes del sector, que pasan por la financiación, y así lograr acuerdos de manera más sencilla. Esto debido a que una reforma integral pasaría por temas más difíciles de tratar como los gobiernos universitarios, los programas de extensión, el bienestar universitario, y otros que expertos consideran la esencia misma de la educación superior.
De hecho, desde mitad de 2023 se tenía un documento borrador presentado por el Mineducación para reformar toda la Ley 30, pero nunca pudo ser radicado, en parte, por la dificultad que se halló de crear acuerdos sobre el mismo.
/ElTiempo