Nefasto y desde luego tremendamente equivocado el mensaje que ha enviado el Gobierno del Presidente Iván Duque, tras advertir la Ministra de Minas y Energía lo mismo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que las deudas pretoma de la empresa Electricaribe por parte de la Nación, no se reconocerán, ni mucho menos se tiene la intención o disponibilidad de honrarlas, como debiera ser.
No es posible que sea el Gobierno Nacional el que promueva la tramposería por parte del Estado para hacerse el de la ´vista gorda´ y no pagar millonarias acreencias en la que incurrió la citada empresa que estaba bajo la vigilancia del propio Estado.
Salir hoy a decirle a los proveedores que de buena fe prestaron bienes y servicios a la compañía eléctrica que esa ´platica se perdió´ es falta de seriedad, pero además, una señal perversa hacía los inversionistas que se percatan que estamos frente a un país deshonroso al momento de cumplir con sus obligaciones.
Es el Estado y nadie más que el Estado el que para corregir los entuertos que patrocinó y apadrinó cuando la administración de Electricaribe estaba en poder de sus antiguos dueños los españoles, decidió intervenir la empresa, asumiendo su manejo y consecuencialmente con ello todas las obligaciones que se derivan al entrar directamente a ser responsable de su operación.
Durante muchos años la Nación a través de la Superintendencia de Servicios Públicos fue cómplice de los desafueros – y para decirlo mejor en el término coloquial que una vez usó el entonces contralor Edgardo Maya Villazón frente a la corrupción- de la robadera que hicieron los antiguos dueños que por vía de los subsidios saquearon a Electricaribe por cuanto los multimillonarios recursos que le giraba el Ministerio de Minas a través de los fondos que existen, nunca se invirtió en la infraestructura para mejorarla ni se amplió la cobertura para brindarle servicio a las poblaciones vulnerables de la Costa.
El Gobierno engañó al Congreso y no le dijo toda la verdad cuando se planteó que a través del Plan Nacional de Desarrollo se le tendiera un salvavidas a Electricaribe. Salir a decir hoy que si hay excedentes de la venta de unos activos, entre ellos los transformadores vetustos e inservibles que hay, amén de equipos obsoletos que ni siquiera el futuro comprador recibirá, se les pagara a los acreedores es un chisto flojo y de mal gusto.
La administración-intervención de Electricaribe – y hay que decirlo con toda franqueza- en el Gobierno Duque después que sacaron al agente especial Javier Lastra Fuscaldo, no ha sido la mejor, ni la más acertada. La Agente Interventora actual va por un lado y la Superintendente de Servicios Públicos va por otro, amén de lo que piensa la Ministra de Minas y Energía, tinglado en el que resulta lesionada no solo la empresa, sino la región Caribe, y finalmente los usuarios.
No olvidemos que se nos habló desde un principio en un borrón y cuenta nueva para salida a la crisis de Electricaribe. Pero no ha sido así. Todavía tiene los mismos males o tal vez peores.
La ida al Viejo Oriente para ofrecer la empresa a inversionistas asiáticos ha terminado siendo un ´cuento chino´. Y creemos, que ahora que el Presidente Duque sancionará mañana en Valledupar el Plan Nacional de Desarrollo donde se contempla que los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 pagarán una sobretasa en las facturas del servicio de electricidad, para así ayudar a subsanar el déficit presupuestal que mantiene actualmente la empresa Electricaribe, debe decirnos a los costeños la verdad-verdadera de este viacrucis que aun no termina.
Pero además, aprovechando – si en verdad ello fue así – que el citado Plan de Desarrollo se aprobó sin mermelada ni compromisos burocráticos, la bancada parlamentaria del Caribe tiene el compromiso moral y la responsabilidad política de llamar a rendir cuentas al Gobierno por todos los desmanes que hoy se observan en Electricaribe.
No podemos aceptar que la Nación venga ahora a lavarse las manos y eximirse de culpas frente a una crisis de la cual fue alcahueta porque se hizo la ´Shakira´ cuando desde todos los ámbitos de la opinión pública y en especial de los usuarios, se señalaba el desastre que rondaba la empresa en manos de sus antiguos dueños. No se actuó con diligencia. Fueron permisivos los órganos de control y hoy desde luego tenemos por delante lo que es producto de esa irresponsabilidad que no puede ser atribuida ni a los suscriptores del servicio y mucho menos a sus acreedores. El Estado debe honrar sus deudas, no puede ser tramposo ni portarse de esa manera enviando un mensaje funesto y equivocado a la sociedad.