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María Corina Machado y Edmundo González advierten sobre maniobra judicial que ratificará triunfo de Nicolás Maduro : ‘no aceptamos judicialización del cambio’

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Ante la proximidad de un veredicto por parte del Tribunal Supremo de Justicia venezolano -órgano que no tiene facultades para decidir una elección sin antes haberse ejecutado todos los pasos en el CNE- de revalidar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, los opositores María Corina Machado y Edmundo González advierten que el país estaría a las puertas de la convalidación del fraude.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Machado y González, con el apoyo de la Plataforma Unitaria, exigen el cumplimiento al Estado de derecho y advierten que no aceptarán “la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió».
“Agradecemos a los países del mundo que han expresado la necesidad de una auditoría internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas. Y así mismo, alertamos que se pretende aniquilar judicialmente la Soberanía Popular. Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”, se lee en el texto.
Al finalizar la semana, el TSJ anunció la revisión de las actas de votación suministradas por las partes involucradas – oficialismo, CNE y algunos partidos- se encontraba en un 60 por ciento de avance, sin embargo, en el peritaje solo se observa personal del Estado.

Este proceso de auditoría ha sido cuestionado por sectores opositores. Enrique Márquez, excandidato presidencial y quien se negó a firmar documento ante el TSJ, presentó ante el organismo una recusación contra la presidenta del máximo tribunal, Caryslia Rodríguez, alegando que hay razones sustanciales que comprometen su imparcialidad y capacidad para desempeñar su papel en el proceso judicial relacionado con las elecciones del 28 de julio. Márquez fundamenta su recusación en la vinculación de la magistrada con el Partido Socialista Unido de Venezuela.

El TSJ asumió el rol del Consejo Nacional Electoral, que, casi un mes después de los comicios, se niega a presentar las actas de votación y la distribución de los votos, luego de que Nicolás Maduro acudiera al organismo para “destrabar” la situación.
“El CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), esa institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral”, expresaron Machado y González en el comunicado.
También se explica que la Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas.
“Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
/ElTiempo