Un sargento y tres civiles señalados de vender información a disidentes
Un sargento del Ejército y tres personas más fueron imputadas por la Fiscalía de cuatro delitos, tras una investigación que reveló que el militar suministraba información a disidentes de las extintas FARC sobre el movimiento de tropas en el Magdalena Medio, lo que facilitaba ataques y atentados.
El uniformado involucrado es el sargento segundo Edwar Egidio Garzón Lozano, alias «Kevin», que de acuerdo con el ente investigador entregaba información del Ejército a los disidentes por interpuesta persona, datos que se usaron en atentados a la Fuerza Pública en Bucaramanga y municipios del Catatumbo.
«Según la investigación, Garzón Lozano aprovechó su condición de integrante del Batallón de Contrainteligencia #2 Ejército Nacional con sede en Barrancabermeja (Santander), para suministrar información relacionada con movimientos de tropa a las estructuras 33 y 37 de las disidencias FARC que ejecutaron acciones terroristas», detalló la Fiscalía.
Las autoridades también detuvieron a los civiles Andrés Humberto Alzate, Ruth Caballero Ardila, apodada «La Mona» y Karen Margarita Dávila Sánchez, cada uno con roles distintos dentro de la organización.
En el caso de Alzate era el encargado transmitir la información del sargento Garzón Lozano a los disidentes y Caballero Ardila tenía a cargo labores de vigilancia de comercios en Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander), con el propósito de identificar eventuales víctimas de extorsión, incluso estaría involucrada con un crimen.
Mientras que Dávila Sánchez ejercía labores de testaferro, puesto que prestaba sus cuentas bancarias para el depósito de dineros producto de extorsiones, afirmó la Fiscalía.
Los cuatro sospechosos fueron arrestados por autoridades en operaciones adelantadas en Medellín (Antioquia), Barrancabermeja (Santander) y Yopal (Casanare), además se les decomisó una pistola 9 milímetros, 2 proveedores, 11 celulares, 4 computadores portátiles, 1 disco duro y 3 memorias USB.
Por estos hechos, la Fiscalía los acusó de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, extorsión y asesoramiento a grupos armados organizados.
Los involucrados no aceptaron los cargos, pero el juez de control de garantías del caso ordenó su traslado a centros carcelarios.
/Colprensa