Después de varios intentos, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a 24 militares que, al parecer, estarían relacionados con la masacre ocurrida en la vereda Alto Remanso, en el municipio de Leguízamo, en el departamento de Putumayo, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 2 menores de edad.
Un operativo para ubicar a alias ‘Bruno’ de las disidencias de las Farc, era el supuesto objetivo de los uniformados que llegaron a la vereda Alto Remanso en la mañana del 28 de marzo de 2022 y que, de acuerdo con la Fiscalía, durante cerca de dos horas dispararon contra los pobladores que disfrutaban de un bazar.
Un oficial, suboficiales y soldados profesionales, entre ellos varios en retiro, al parecer estarían relacionados con este caso.
Los procesados son:
Néstor Andrés Cadena Bautista
Jorge Erney Marroquín Cadena
Julián Ernesto Ávila Martínez
Cristian Pérez Galindo
Michael Andrés Quiñones Mendoza
Wilmer Leonardo Rodríguez Arango
Wilson Andrés Santamaría Ramos
Dairo José Arboleda Toro
Jhon Félix Badel Correa
Edinson Javier Esteban Aguiar
José Efraín Lectamo Yalanda
Santiago Licona Ramos
Wilmer Mosquera Poscué
Luis Ángel Núñez Peña
Danilo Quintero Urrea
José Alexander Villa Ciro
Fenancio Noé Anama Escobar
Maycol Mauricio Abril Hernández
Yeizon David Becerra Gutiérrez
Robinson Beleño Herrera
Franky Fabián Hoyos Pérez
John Fredy Hoyos Quiñonez
Carlos Alberto Perdomo Romero
Jeisson Rico Soto.
Tras algunas dificultades que se presentaron durante esta semana, se logró culminar la imputación de cargos por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio.
Ninguno de los militares aceptó cargos y el fiscal del caso tuvo que corregir la imputación de cargos, tras las observaciones que hicieron los abogados de los hoy procesados.
De hecho, la juez primera promiscua de Leguízamo le pidió al fiscal no solo hacer aclaraciones, sino repetir la imputación de cargos.
“No cumplió con los parámetros establecidos en cuanto a la sustentación, primero la deficiente exposición, la falta de elementos, la ausencia de valoración de pruebas, la falta de análisis de normas atribuibles para la clase del delito que se les imputa. Lo anterior, en cuanto a detallar con precisión la injerencia de los indiciados en el acto punible”, señaló la juez.
La audiencia fue reservada, teniendo en cuenta que dos menores de edad fueron asesinados en medio de este hecho violento.