Ricardo Bonilla, entre una investigación penal y la moción de censura

Investigación penal, un juicio político en el Congreso y hasta una eventual renuncia a su cargo de ministro de Hacienda, son los escenarios políticos y jurídicos que vivirá en los próximos meses Ricardo Bonilla, tras la vinculación que hizo en su contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, UNGRD, Olmedo López, de ser uno de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que estuvo detrás del escándalo de corrupción.

En lo político Bonilla ya hace parte de una serie de cuestionamientos que vienen de varios sectores de la oposición, los cuales coinciden en que es el responsable de haber autorizado el giro de los multimillonarios recursos para que desde la UNGRD se atendieran obras que fueron recomendadas por varios congresistas, incluso hasta de la oposición.

Una de las primeras consecuencias para Bonilla será el trámite de una moción de censura que ya anunció en su contra el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. “Se ven bellos los congresistas rechazando la vinculación de Bonilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, pero les tiembla la mano para sacarlo del cargo. Radicaré solicitud de moción de censura y Colombia verá de qué lado están los congresistas !Es con hechos, no con la lengua!”, informó el senador opositor desde su cuenta de X.

Aunque por el momento no se tiene fecha, la moción de censura a Bonilla en el Senado será un buen termómetro para mostrar si el recién entrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, alcanzó a recomponer las debilitadas mayorías que tiene el gobierno en esa corporación.

Otro senador opositor, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, destacó que “en la década de 1980 el M-19 capturó la Justicia por la vía de las armas. Tres décadas después sus sucesores lograron la captura del Ejecutivo corriendo la línea ética y no contentos con ese “triunfo” pretenden controlar al Legislativo mediante dádivas. Al paso que van controlarán todas las Ramas del Poder Público antes de 2026”.

Desde el Centro Democrático también se anunciaron acciones contra el ministro Ricardo Bonilla. El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, señaló que denunciará penalmente ante la justicia de Estados Unidos, por estar presuntamente vinculado con los pagos al grupo terrorista del ELN.

“Queremos anunciarle a Colombia de la denuncia penal en contra del ministro Ricardo Bonilla ante la corte de Estado de New York. Este es un ministro que de acuerdo a las declaraciones de Olmedo López se prestó para financiar grupos terroristas y narcotraficantes en Colombia, como lo es la guerrilla del ELN”, sostuvo Villamizar.

Ante los señalamientos de Olmedo, el jefe de la cartera de Hacienda respondió con un trino en la red social X (antes Twitter): “Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales”.

Desde lo penal lo primero que deberá enfrentar el ministro Bonilla por el escándalo es la investigación que le abrió la Fiscalía General de la Nación, tanto a él como a otros ministros por el tema de la corrupción en la UNGRD y en particular a Bonilla por haber sido quien autorizó el giro de 700 mil millones de pesos a la UNGRD para un uso en proyectos urgentes que no habían sido determinados. También porque Bonilla habría autorizado unos giros a las alcaldías de Cotorra, en Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Saravena, Arauca, en donde algunos senadores y representantes de la comisión interparlamentario de crédito público iban a ayudar al gobierno en la aprobación de créditos claves de la nación que se tramitan.

Hasta el miércoles cuando el escándalo reventó, el ministro Bonilla declaró que: “Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”.

Este entramado hace parte de las declaraciones que dio Olmedo López ante la Corte Suprema, en las cuales el exdirector reveló cómo se dieron las reuniones en presidencia y hasta en el Ministerio de Hacienda para la compra de congresistas, a cambio de votos para las reformas en el Congreso.

“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, dijo López.

López señaló ante la Corte Suprema al ministro de Hacienda como la persona que dio el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la Unidad de Gestión del Riesgo por 208.000 millones de pesos. “Nace de un entramado porque, antes de esa reunión con el ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto”, afirmó en su testimonio.

La última salida que tendría Bonilla podría ser la renuncia al cargo, opción que no tiene mucha posibilidad que se de, por cuanto el presidente Gustavo Petro no estaría dispuesto a perder a uno de los hombres de mayor confianza en el gobierno.
BOGOTÁ (Colprensa).