Cansados de enfrentar por tercera vez una medida de desalojo, habitantes de la invasión Villanueva en Aguachica se enterraron y encadenaron en protesta a la destrucción de sus viviendas por parte de funcionarios de la Policía durante la tarde de ayer.
Los integrantes de unas cien familias que residen en la zona, incluyendo migrantes venezolanos, exigen la presencia del alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, quien ha prometido viviendas dignas y hasta la fecha no da respuesta a las peticiones de la comunidad.
Rafael Alberto Rodríguez, uno de los afectados que decidió enterrarse simbólicamente para exigir respuesta a las autoridades, dijo que es necesario accionar un plan de contingencia que permita atender a todas estas familias que ahora quedan sin hogar. “La policía nos agredió, no respetó la presencia de niños y ancianos. Ahora estamos a la intemperie en espera de una solución. Queremos casas dignas y la ayuda del gobierno local”, expresó.
Benito Pérez Padilla fue otro de los que se unió a la protesta y con el cuerpo casi tapiado por la tierra, expresó que la mayoría son familias desplazadas y en extrema pobreza. Afirma que no reciben ayuda gubernamental y de paso son sometidos a estas agresiones sin importar las consecuencias.
“Exigimos una respuesta del alcalde, quien durante su campaña se comprometió a dignificar esta invasión y hasta la fecha no ha dado respuesta. No tenemos que comer, ni donde dormir porque todo lo destruyeron”, manifestó.
NO ES LEGAL
Otilia Caña Rodríguez, otra de las vecinas afectadas, aclaró que esta medida es ilegal. “El presunto propietario pelea una posesión y nosotros presentamos en Agencia Nacional de Tierras un proceso agrario por el terreno, por lo que entramos en igualdad de condiciones y por ende no hay cabida para un desalojo mientras la situación no se aclare”, manifestó.
Caña Rodríguez reiteró que se mantendrán en el lugar a pesar de haber sido víctimas por tercera vez de una medida de esta magnitud.
“Nos sacaron como animales, no les importó la presencia de niños, adultos mayores y hasta mujeres embarazadas, su objetivo sólo era destruir el lugar sin respetar nuestros derechos”, fue el testimonio de Maryuri Badillo, habitante afectada por el desalojo.
Badillo, madre de cinco niños, dijo que ahora quedó sin un techo para sus hijos y sin respuesta de las autoridades para conseguir una solución.
Por su parte, Andrés Rodríguez, personero Municipal, dijo que la orden fue emanada por la administración municipal. La dependencia ha estado acompañando el procedimiento junto a Bienestar Familiar, Defensa Civil y otras instituciones para el debido proceder y atender cualquier eventualidad que se presentara.
Rodríguez manifestó que hubo la disposición de sostener una reunión entre los afectados y el propietario del predio, pero fue imposible realizarla y se debió ejecutar la medida. “Fue una jornada dura, no es fácil dejar a tantas familias sin techo, pero hay aspectos que se deben investigar esperando la mejor de las soluciones”, dijo.