Dagoberto Rodríguez aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho y acceso abusivo a un sistema informático.
Tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía, el juzgado 45 de conocimiento de Bogotá condenó al exoficial mayor del juzgado sexto civil del circuito, Dagoberto Rodríguez Niño por su participación en el caso de corrupción que envuelve al empresario Carlos Mattos.
Rodríguez Niño aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho, acceso abusivo a un sistema informático, software malicioso y falsedad ideológica en documento público.
En la negociación con la Fiscalía General aceptó haber participado activamente en la manipulación del reparto de la demanda presentada por Mattos en contra casa matriz de la Hyundai en Corea del Sur por los derechos comerciales de la marca en Colombia.
Según la investigación de la Fiscalía General, el funcionario judicial fue el primero en tener contacto con el entonces presidente de Hyundai Colombia.
En dicho encuentro, el empresario le explicó su plan para resultar beneficiado con unas medidas cautelares para seguir comercializando los vehículos de la marca coreana.
En este punto le manifestó la necesidad de reclutar a funcionarios judiciales para acceder al sistema informático, direccionar el reparto a un juez civil determinado que lo favoreciera.
En el preacuerdo, Rodríguez manifestó su intención de colaborar con las autoridades en los otros procesos penales e investigaciones que se adelantan por este caso de corrupción en al Rama Judicial.
Esta es la segunda condena que se emite por estos hechos. La jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández fue sentenciada tras recibir 100 millones de pesos después de dejar en firme las medidas cautelares.
LA EXTRADICIÓN
Luego que la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición del empresario Carlos Mattos a Colombia, el cesarense ha iniciado una dura batalla para impedirlo. En nuestro país la Fiscalía General lo requiere en dos procesos por corrupción en la Rama Judicial.
El expresidente de Hyundai Colombia presentó el recurso de súplica que deberá ser estudiado por la Sala Plena de la Audiencia Nacional de España. No olvidemos que Mattos tiene la ciudadanía española y está apoyándose en este hecho para evitar ser repatriado a Colombia
Como se sabe, el empresario cesarense Carlos Mattos enfrenta dos procesos en Colombia. El primero está relacionado con el pago de millonarias sumas de dinero para lograr el direccionamiento de una demanda presentada en contra de la casa matriz de Hyundai y su decisión de quitarle el reconocimiento para vender los vehículos de esta marca en esta región.
Para esto, Mattos contactó a un grupo de abogados con el fin que movieran influencias y lograr que el reparto que se hace por computadora fuera manipulado.
Esto con el fin que la acción judicial llegara directamente al despacho del juez sexto civil de Bogotá que emitió unas medidas cautelares que beneficiaron directamente a Mattos permitiéndole seguir comercializando los vehículos de esta marca.
Igualmente es procesado por enviarle 100 millones de pesos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá como “agradecimiento” por haber dejado en firme estas medidas cautelares.
Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer.
LA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE CON INTERPOL
Tras dictarle el juez 27 de control de garantías una medida de aseguramiento en centro carcelario, el empresario Carlos Mattos procesado por pagar millonarios sobornos para resultar beneficiado en un proceso judicial, quedó expuesto a ser capturado por la Interpol.
Con esta decisión judicial se reactivó automáticamente la orden de captura en contra del expresidente de Hyundai Colombia, quien se encuentra residiendo en España argumentando que no cuenta con garantías procesales en Colombia.
Fuentes cercanas al proceso dijeron que la Fiscalía General presentó hace unos días la solicitud formal a la Interpol para que dicte las circulares azul (para ubicar) y roja (para capturar) al empresario.
Mattos enfrenta un proceso penal por ejecutar un complejo plan para direccionar que una demanda presentada por la empresa que representaba llegara directamente al juzgado sexto civil de Bogotá. Para lograr su cometido pagó millonarios sobornos a funcionarios de la Rama Judicial.
El empresario había girado más de dos mil millones de pesos para manipular todo el sistema informático de los juzgados civiles de la capital de la República y que la acción judicial llegará directamente a ese juzgado.
Dicho despacho judicial ordenó medidas cautelares solicitadas por Mattos para seguir comercializando los vehículos de la marca coreana Hyundai.
En su argumentación, el juez consideró que Mattos representa un peligro para la sociedad, puesto que con su conducta se quiso afectar directamente a la administración de justicia con el único fin de beneficiarse económicamente y continuar lucrándose con su negocio de venta de automóviles.
Con el pago de millonarios sobornos a un grupo de funcionarios judiciales y particulares quiso unas medidas cautelares para mantener por un año su negocio y así no ver afectadas sus utilidades.
Pese a que sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley continuó con la ejecución de su plan, para lo cual contactó a personas de su entera confianza con el fin de que buscaran a un juez que quisiera recibir esta plata para tomar decisiones que lo beneficiaran a él directamente.
“Maquinó una estrategia para encontrar a un juez que se dejara comprar, o como se dice, que recibiera plata por sus decisiones”. Con este actuar minó la base de la administración de la justicia cegado por sus intereses económicos, dice uno de los escritos presentados por la Fiscalía.
“Cuando se dio cuenta que comprar la conciencia de una sola persona era muy complejo tuvo que comprar a varias personas. En lugar de detenerse siguió” con estas actividades a todas luces ilegales y no descansó hasta no obtener las medidas cautelares que beneficiaban a su empresa.
Para el juez, Mattos nunca se arrepintió. “Es un peligro para la sociedad (…) Se corrompió a un juez”. En este sentido aseguró que con este tipo de acciones las personas pierden la fe en la administración de justicia.
“Pese a ser informado sobre los riesgos ordenó que se ejecutara (…) y no pensó por un instante el mal que le haría la sociedad”. El funcionario judicial tuvo en cuenta que la mayoría de personas procesadas por estos hechos de corrupción han reconocido que fue Mattos quien les ofreció y les pagó cerca de dos mil millones de pesos para direccionar este proceso.
La Fiscalía General lo acusó formalmente por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicación, daño informático y acceso ilegal a sistema informático agravado.