Libres exempleados mineros salpicados en el ‘Cartel de las Pensiones’
Por decisión de un juez de la República fueron dejados en libertad los seis exempleados de una empresa minera, presuntamente implicados en el llamado ‘Cartel de las Pensiones’ capturados recientemente por miembros del CTI de la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal por supuestamente defraudar al sistema pensional y a aseguradoras del país.
Se trata de Jhony Rafael Hernández Amarís, Aldo Enrique Mendoza Peralta, Fabián Pacheco Durán, Geovani Papini Molina Daza, Fabio Martín Miranda Guzmán y Nerión Rafael Silva Mendoza, quienes en su mayoría, fueron detenidos en operativos realizados en los municipios de Valledupar, Manaure Balcón del Cesar y Barranquilla.
De acuerdo al delegado de la Fiscalía 12 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, encargada de la investigación, aseguró en la audiencia de solitud de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar que no era necesario imponerles la detención en centro de reclusión o en el domicilio a los ya mencionados, teniendo en cuenta que varios de ellos se presentaron voluntariamente ante las autoridades y además, que no representan peligro ni para la sociedad ni para el proceso que ahora se cursa.
CONTINÚAN VINCULADOS AL PROCESO
“La medida de aseguramiento solicitada cumple con las ponderaciones de proporcionalidad y necesidad, pues estamos aplicando una medida menos restrictiva con la que se pueden obtener los fines constitucionales, se está salvaguardando el derecho fundamental; no obstante, se está aplicando una carga impositiva de la conducta ejemplar en sociedad que deben mostrar estas personas dentro del conglomerado social”, señaló el juez.
Dichos argumentos develan que los antes mencionados gozarán de la libertad pero seguirán inmersos en las pesquisas del sonado caso que hasta la fecha tiene a 52 personas, entre ellos, 30 pensionados de la Drummond, procesadas ante diferentes juzgados de esta capital, adelantado a manera global por al menos nueve delitos. Así también, que tienen algunas restricciones como salir del país por algunos meses, enajenar propiedades sujetas a registro, entre otras.
Es de resaltar que a los dos primeros mencionados les imputaron el delito de estafa agravada en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público; mientras que a los cuatro restantes les endilgó responsabilidades por sus supuestas comisiones en los delitos de estafa agravada en concurso heterogéneo con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, a los que no se allanaron.
LOS DICTÁMENES
Según lo expresado por la Fiscalía, para obtener las pensiones, los antes mencionados mediante documentos que contaban en varios casos, con el aval de la Junta Regional de Calificaciones del Cesar (ahora completamente desmantelada a raíz de este caso), y en otras, por la empresa de asesorías y servicios en salud Asalud Ltda., aseguraron que padecían enfermedades psicológicas.
Sin embargo, dichas entidades habrían manipulado las cifras reales del grado de incapacidad de los trabajadores para permitirles alcanzar el puntaje requerido a fin de que fueran declarados inválidos para trabajar.
“En la denuncia se ratifica que hubo un factor común en cada uno de los pacientes que calificó la Junta, que en igual forma hizo Asalud, y eran los trastornos depresivos recurrentes, no recurrentes y de sueño, porque aunque la Fiscalía nunca ha desconocido que probablemente muchos de ellos si tienen algún tipo de patología, en este caso osteomusculares, atendiendo el ambiente hostil en que se desarrollaban sus labores, esas afecciones no eran suficientes para que se les reconociera un porcentaje igual o superior al 50 %. He allí que la estrategia que se diseña para poder lograrlo fue atribuirle a cada uno esos problemas psiquiátricos y eso les sumaba un porcentaje importante que completaba esa cifra”, dijo el acusador.
A través de ese mecanismo, según la Fiscalía, se ha defraudado en más de $100.000 millones las arcas de los fondos de pensiones nacionales y del sistema financiero, logrando la jubilación de al menos 400 personas, aunado a otras aproximadas 150 que estarían esperando obtener dicho beneficio.