Candidatos inhabilitados a Rector acudirían a tutela
Cinco de los siete aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar que fueron inhabilitados no dan su brazo a torcer en sus intenciones de llegar al cargo.
Mediante una acción de tutela individual los siete aspirantes que fueron inhabilitados para luchar por la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, impondrán una acción de tutela para que les permita reclamar y sus derechos y volver a la contienda electoral.
Así lo reveló ayer Álvaro Iglesias, uno de los candidatos inhabilitados al anunciar que “el próximo lunes el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar se reunirá para determinar la apelación, de esa decisión dependerá los procedimientos legales que tomaremos como la de imponer una acción de tutela que en dos días debe ser admitida y otorgará medidas cautelares. Estas elecciones es muy difícil que se desarrollen porque los candidatos no tendrán tiempo para hacer sus campañas”.
Inadmitió que “así como verificaron y corroboraron la información que habían en todos los documentos, por qué no lo hicieron con el certificado de vecindad, hay un partido político que quiere irrumpir en la universidad. El Tribunal de Garantías analizó tanto las cosas que no se dio cuenta que el que encabeza la lista del actual rector es una persona que tiene un cargo administrativo y lo que la ley dice es que solamente podría tener la condición de docente, es decir, jamás podrían haber tenido contrato o ejercer cargo alguno con la Universidad, eso sí lo obviaron y no se dieron cuenta”.
Por su parte, José Guillermo Botero fue más directo al señalar a la candidata Darling Guevara como a la persona que quieren favorecer en todo este proceso. “Aquí hay un claro favorecimiento a una aspirante del Centro Democrático”, aseguró.
“Cuando uno ve cómo resuelven el recurso de reposición en el que no me tienen en cuenta mis argumentos o al menos debatirlos cada uno, nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Traer una sentencia elaborada por un penalista que no tiene ni idea de derecho administrativo o laboral es una situación que raya en lo absurdo. Aquí no hay un concurso de meritocracia, hay es una consulta para llegar a una designación. Están amangualados porque están creyéndole y usando el peso de las dádivas a ese tribunal para que cometan errores y prevarique, situación que estamos denunciando ante las instancias competentes. Vamos a utilizar vías legales para que sean respetados nuestros derechos. Aquí hay una mala intención y nosotros los que estamos aparentemente inhabilitamos tenemos la mayor fortaleza”.
En ese mismo panorama se expresó Baldomero Rosado Quintero, al asegurar que “están cercenando las normas para favorecer a un candidato, es ahí donde está el problema, porque para unas cosas verifican los documentos y para otros no. La Ley Antitrámites no pide demostrar lo que ya existe o se ha demostrado con anterioridad. Todos tenemos tres niveles de postgrado que lo que exige la norma para aspirar a un cargo como este”.
Advirtió que “las elecciones a la rectoría de la UPC están en peligro. Hace pocos días le dije al rector que se retirar con altura, que dejara que el proceso se diera con la mayor transparencia posible, porque las instituciones quedan y los hombres pasan.
Ocho de los 17 candidatos inscritos para las elecciones de rectoría de la Universidad Popular del Cesar fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos exigidos para aspirar al cargo, sin embargo, el grupo de descabezados se redujo a siete porque fue a Carmen Alicia Rivera de Ochoa le devolvieron su credencial de candidata.
Por no especificar en el documento de vecindad la residencia en los últimos cinco años, quedaron fuera de carrera Aquilino Cotes, José Guillermo Botero, César Orlando Torres, Álvaro Javier Iglesia y Francisco José García.
Mientras que Luis Eberto Guerra fue inhabilitado por no acreditar la experiencia administrativa en cargos de dirección o ejecutivo no menor a cinco años, sumado a que en el documento de vecindad presentado, no especificó el lugar de residencia en los últimos cinco años. Lo mismo ocurrió con Baldomero Rosado Quintero.