Diario del Cesar
Defiende la región

La desinstitucionalización del Estado Social de Derecho

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El fallo de ayer de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, negando la extradición de alias ´Jesús Santrich´, sorprendido con la coca en la mano lista para enviarla a los Estados Unidos, es el camino a la desinstitucionalización del Estado Social de Derecho, hecho que sacudió el panorama judicial y político del país.

Pero lo más aberrante de la cuestionada decisión es que la JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a alias ´Trichi´  ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización, cuando precisamente lo que aportó la Fiscalía fue un torrente de pruebas, testimonio de los agentes infiltrados y las declaraciones y señalamientos de los socios de Santrich, entre ellos el sobrino de alias ´Iván Márquez´ donde se demostraba hasta el tuétano que estaba untado del negocio de drogas que promovía buscando ingresos por 15 millones de dólares

Durante el transcurso del proceso, entre idas y vueltas de papeleos jurisprudenciales, así como choques de trenes entre JEP y Fiscalía, uno de los episodios más llamativos tuvo que ver con la pérdida de una carta que se extravió en la que el Gobierno colombiano les pedía más pruebas a sus pares estadounidense sobre el caso del exjefe de las Farc. Esa astucia para embolatar el proceso era una evidencia más de que se quería poner a salvo el pellejo de quien debiera estar detrás de los barrotes en una cárcel norteamericana.

En la deliberación de la JEP, dos magistradas salvaron su voto y lo hicieron con dignidad, con valentía, con honradez, demostrando coherencia: Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez.

Bien lo afirmó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, cuando señaló que ese insólito fallo de la JEP es el mayor desafío a la juridicidad del Estado colombiano.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”, expresó Martínez Neira al anunciarle al país que mejor prefería retirarse del cargo que avalar un estado de cosas antijuridicas, que conjura contra el Estado de Derecho de la Nación y expone a la sociedad frente al crimen.

No olvidemos que detrás del fallo de la JEP se esconde que en el futuro la reincidencia en el secuestro, la extorsión, entre otros delitos podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgaran por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y el tráfico ilícito de drogas.

Por eso valoramos y acompañamos con inmensa solidaridad la decisión tomada por el señor Fiscal General de la Nación, y ojalá la sociedad colombiana despierte y se percate de los desafueros de esta jurisdicción que sin lugar a dudas va a ir más allá de la impunidad.