Diario del Cesar
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Nueva versión de la fiscalía en caso de las chuzadas a los magistrados

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El pasado 30 de abril, el fiscal Néstor Humberto Martínez le envió una carta a la presidenta de la Corte Constitucional en la que le aseguraba que desde enero de este año tenían unos audios “que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación criminal interesada en una actuación” de ese alto tribunal. Sin embargo, este martes apareció el fiscal Fabio Espitia para señalar que no hay indicios de ‘chuzadas’.

Espitia funge como director de la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y fue designado por el jefe del búnker para que adelantara las pesquisas ante las sospechas que tenían de los magistrados sobre posibles interceptaciones. Así lo dio a conocer la propia Ortiz en un documento que le divulgó al país y que originó la respuesta de Martínez Neira.

Unas de las acciones que surgieron tras la denuncia de la presidenta de la Constitucional fue una reunión que Espitia sostuvo con la Sala Plena de la Corporación. A su salida del encuentro, el subalterno de Martínez Neira dijo por primera vez que no había rastro de interceptaciones a los teléfonos de los togados.

En ese mismo sentido, este martes el fiscal Espitia insistió en sus conclusiones. “Ninguno de los teléfonos privados de los señores magistrados de la Corte Constitucional ha sido objeto de interceptaciones, esto es una evaluación técnica que se ha podido hacer”, dijo el funcionario.

De acuerdo con su versión, a dicha deducción llegaron, supuestamente, a través de unas indagaciones directas a los sistemas de la Fiscalía y con la verificación a las empresas de telefonía celular con las que los magistrados tienen sus respectivas líneas.

Sin embargo, en sus declaraciones Espitia no precisó puntualmente qué dijeron las compañías de telefonía al respecto y se limitó a señalar que dichas “referencias directas de las respuestas de los operadores se darán a conocer a los jueces de conocimiento, ellos tendrán que hacer la evaluación de la legalidad de las respuestas”.