En medio de chuzadas y presiones se mueve el tema de la Corte Constitucional
No han sido fáciles los últimos 20 días para los magistrados de la Corte Constitucional, quienes han sido blanco de ataques y presiones sin que aún se determine quién o quiénes pueden ser los autores de unos y otros, y con qué fin. Sobre lo que ha pasado en el alto tribunal se espera para este martes un pronunciamiento conjunto de parte de los togados para despejar algunas dudas.
El viacrucis de los nueve magistrados de la Sala Plena empezó con las denuncias en las que manifestaron su preocupación al sospechar que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas. La hipótesis se confirmó tras la confirmación del propio fiscal Néstor Humberto Martínez que aseguró que tenía conocimiento de tales hechos desde enero de este año. “Hay una organización criminal y que detrás de las posibles chuzadas estaban dos personas”, dijo el jefe del ente acusador tras el clamor público que hizo la presidenta de esa Corte, la magistrada Gloria Ortiz.
Lo de Martínez Neira dejó, sin embargo, más dudas. Por ejemplo, si sabían de tal situación ¿por qué no tomaron las medidas necesarias para evitar que los magistrados no se sintieran asediados? Esta pregunta aún está sin responder. Sin embargo, lo que generó más desacierto fueron las declaraciones entregadas por el fiscal Fabio Espitia, designado por el jefe del búnker en esa investigación y quien enfatizó que no tenía certeza que estuvieran intervenidos.
Estando en el tema de las chuzadas saltó al panorama nacional el retiro de las visas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Durante la semana pasada se conoció que a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo les cancelaron el documento. Sin embargo, de este último la Embajada indicó que había sido por cuestiones de procedimiento, por lo que se le reintegró.
Fajardo, por su parte, tuvo cita este lunes en la Embajada estadounidense para indagar si ocurrió lo mismo con su visa. Hasta el momento no se ha tenido un pronunciamiento oficial de parte de la magistrada sobre su entrevista con los delegados de ese país en Colombia.
De quien sí hubo un mensaje fue de la propia Embajada que este domingo señaló que el Departamento de Estado tiene amplía autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos o no cumpla con los requisitos.
También se pronunció la magistrada y presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz, quien desde Pasto (Nariño) aseguró que “están buscando presionarnos y están buscando que nosotros tomemos decisiones más que en derecho, decisiones por presión mediática y no se han dado cuenta que nosotros nos hemos preparados por muchos años para tomar decisiones en derecho”.
Para la magistrada, la Corte ha tratado de enfrentar varios aspectos que a su juicio se han unido durante esta época. “Hemos tratado de demostrarle al país que estamos preparados para tomar decisiones sin presión”, agregó.
*Lo que estudia la Corte*
Aunque no se ha probado nexo alguno entre los ataques y presiones a la Corte. Es bien sabido que la Corporación tiene pendientes analizar algunos casos que tienen alcance nacional e internacional. Uno de ellos es el polémico caso de las objeciones de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Si bien el alto tribunal ya lo revisó y lo remitió en diciembre pasado al Congreso de la República para tramitar la sanción presidencial, las mismas fueron devueltas este año luego de que el presidente Iván Duque objetó seis artículos. Entre estos se encuentra el estudio de la extradición hacía territorio extranjero, esto cuando un ciudadano haya cometido actos delictivos relacionados con el narcotráfico.
El estudio de las objeciones de la JEP está en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo quien ya había revisado el documento y dado el aval para declarar constitucional la Estatutaria. Como un hecho sin precedentes será el mismo magistrado quien estudie las objeciones, lleve su ponencia a la Sala y allí determinen si dan vía libre a las mismas o no.
El otro expediente está relacionado con la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos quien se ha pronunciado sobre el glifosato. Del togado se sabe que una vez asumió el estudio del caso, según la Fiscalía, recibió amenazas contra su integridad y la de su familia.