Monsalvo fue trasladado a centro de reclusión militar de Valledupar

Hasta la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad (CPMS) EJUPA de Valledupar, fue trasladado en las ultimas horas el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, luego de ser condenado, en primera instancia, a 21 años y 8 meses de prisión por actos relacionados con corrupción.

Se pudo conocer, que poco antes de la lectura de la condena la mañana del pasado jueves, por parte de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario de los cesarenses se presentó de manera voluntaria, en compañía de algunos familiares, en la Cárcel Judicial de Valledupar, donde fue recibido por la directora y desde allí asistió a la audiencia virtual en la que se dio a conocer la decisión.

Una vez culminada la diligencia judicial, Monsalvo fue trasladado al pabellón ‘R’ del centro de reclusión y ayer a primera hora de la mañana, fue trasladado a la CPMS EJUPA, donde permanecerá mientras se resuelve su situación jurídica en segunda instancia.

Se pudo conocer que el exgobernador se mostró tranquilo y sereno, manifestando a sus familiares que pronto saldrá victorioso porque la defensa demostrará su inocencia.

Monsalvo fue condenado como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía.

Asimismo, en la parte resolutiva, la Corte resolvió que el ex mandatario será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y deberá pagar una multa de $1.537.021.828. De igual forma, deberá consignar al Ministerio de Justicia y del Derecho.

La defensa del exgobernador del Cesar apeló la decisión asegurando que existen errores por parte de la Fiscalía en un supuesto peculado que inicialmente fijó en $3.174.651.582.  Luego, la Corte determinó un mal cálculo y estableció la cifra en $1.537.021.828; sin embargo, el abogado José Luis Barceló asegura que nunca existió peculado y que contrario a la versión del ente acusador, no hubo favorecimiento al particular, no pérdidas para el contratista.

En tal sentido, el abogado busca evidenciar las fallas de la Fiscalía cuando estableció las supuestas irregularidades en los valores del IPC (Índice de Precios al Consumidor), los impuestos o estampillas y las diferencias entre la estructura de costos frente a la ejecución real del contrato. También existe una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado favoreciendo a la Gobernación y no al contratista.