La JEP: tortuosa existencia
Desde su concepción estaba cantada que no tendría una existencia fácil, como efectivamente no la ha tenido, por los sinsabores que dejaron sus ´padres´ al momento del parto. Y el debate alrededor de este tribunal se ha ido enrareciendo hasta el punto que hoy la opinión pública no sabe que es mejor: si eliminarla, o permitir que siga funcionando con sus advertencias falencias, pero que al ritmo de la cacareada paz, le apuntan a que opere y demuestre resultados.
La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por su naturaleza misma, debía pasar por examen de la Corte Constitucional, incluso más de una vez, habida cuenta del prolijo recorrido que debe surtir una ley de esas para depurarse hasta su entrada en vigor.
Pero ahora se la remiten desde el Senado no por el que sería el trámite usual, sino porque esa cámara legislativa no pudo dilucidar si el número de votos alcanzado para resolver sobre las objeciones presidenciales, era el suficiente para tomar una decisión. Fue la única forma que encontraron los senadores para acabar a punta de trompicones procedimentales con un recorrido legislativo tortuoso, que se enredó desde el principio y se les fue de las manos a todos, a lamesa directiva, las bancadas de Gobierno y a la mima oposición.
Sobre el hecho mismo de haber presentado al Congreso objeciones presidenciales por motivos fundados de inconveniencia ya nos hemos pronunciado aquí. El presidente Duque lo podía hacer, tenía la legitimidad para ello -fue uno de sus compromisos de campaña- y qué menos que esperar que el Legislativo diera trámite. Y darles trámite no significaba, como reconoció el propio Presidente al anunciarlas, que las tuvieran que aprobar. Esas objeciones se remiten al Congreso para que las debata.
El ambiente político fue malo desde el inicio. Se conformó un bloque que resultó monolítico y en la Cámara de Representantes las hundieron sin mayores dudas, con dilaciones previas por parte de su presidente, y las votaron en bloque, cuando por su importancia habrían merecido considerarse una por una. Y lo mismo pasó en el Senado: optar votar en bloque para que la resolución fuera del tipo de “todo o nada”.
Muchos colombianos pueden manifestar hartazgo por lo que consideran leguleyismo, quedarse enzarzados en la telaraña de los reglamentos. Tal sentimiento es comprensible, pero tampoco se puede dejar de lado que es importante tener claras las reglas de juego y que las mayorías necesarias para dar trámite y resolver las objeciones presidenciales a las leyes deben estar bien definidas. Por lo que se ve, ni en el Congreso las tienen claras, y la jurisprudencia de laCorte Constitucional y del Consejo de Estado tienen criterios disímiles.
Se menciona también que el asunto de las objeciones a la ley estatutaria JEP se politizó. Esa crítica denota desconocimiento, pues el problema de fondo es netamente político: tiene que ver con competencias de un tipo especial -y controvertido- de justicia, con los acuerdos de paz con las Farc, con las posibilidades o no de eludir justicia y reparación a las víctimas, así como impunidad con delitos sexuales contra menores de edad. Son temas jurídicos, claro está, pero de tal importancia social que hay que abordarlos con el más alto sentido político.
Si el Gobierno, finalmente, no saca adelante sus objeciones, esas son las reglas del juego. No tuvo mayorías en el Congreso y no pueden quedarse ni una ni otra rama del poder público, paradas en un debate de nunca acabar. No está claro qué va a hacer la Corte Constitucional con el expediente de las objeciones, pues lo mismo procede a resolver la duda sobre las mayorías, o decide abstenerse por no estar habilitada para abordar la cuestión. Los meses pasan y es hora de concentrarse en qué papel cumple la JEP para hacer efectiva justicia, así sea del tipo precario de justicia que se acordó en La Habana.