La alerta sobre trashumancia en el Cesar se mantiene en cinco municipios del Cesar.
POR
NIBALDO
BUSTAMANTE DE LA CRUZ
A través de la instalación de tribunales de garantías en los departamentos el Consejo Nacional Electoral buscará contrarrestar los brotes de trashumancia electoral y las irregularidades en las inscripciones de cédulas para los comicios del próximo 27 de octubre.
La medida se implementará desde el 15 de julio próximo, según lo anunció Renato Contreras Ortega, magistrado del órgano de regulación electoral en una conferencia dictada en Sincelejo.
Hace dos meses, el Consejo Nacional Electoral, a través de su cuenta oficial de Twitter, había lanzado una alerta sobre una presunta trashumancia electoral en cinco municipios del departamento del Cesar.
Ese trasteo de sufragantes se habría detectado en Valledupar, González, Tamalameque, La Paz y San Diego.
En la capital del Cesar este fenómeno electoral se estaría registrando con un incremento de un 206%; en González un 48%; Tamalameque en un 340%; San Diego 332% y La Paz 41%, comportamiento porcentual que se refleja de la siguiente manera: en Valledupar entre octubre de 2018 y febrero de 2019 habían inscrito su cédula 3.865, mientras que en esos mismos meses de los años 2014 y 2015 lo hicieron 1.235.
En González, en el periodo 2014-2015 lo hicieron 95 personas, mientras que en 2018-2019, la cifra aumentó a 147; en ese orden de fechas, La Paz pasó de 338 a 551; San Diego, de 76 se disparó a 334, lo mismo en Tamalameque que de 79 inscritos la curva ascendió a 353.
Vale recordar que la Misión de Observación Electoral, había presentado un análisis sobre el comportamiento de las tasas de inscripción de cédulas en los tres primeros meses del año electoral para detectar la aparición de trashumancia electoral, en el que apareció el municipio de La Jagua de Ibirico. Hasta enero de 2019, en el departamento del Cesar se habían inscrito alrededor de 4.200 cédulas.
En la misma conferencia dictada en la capital de Sucre por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras Ortega, explicó a medios de comunicación que “a cada magistrado le tocó un grupo de municipios. Hemos recopilado bases de datos como las de salud y pensiones para determinar, mediante visitas, si la persona radica en el lugar donde inscribió la cédula realmente. A partir de esto nosotros podemos establecer criterios positivos y negativos en cuanto a la inscripción”.
NUEVAS MEDIDAS
Por primera vez en Colombia habrá veedurías electorales y ciudadanas para hacer seguimiento a los procesos electorales que se adelanten en el país. Las veedurías tendrán que acreditarse ante la dirección de Inspección y Vigilancia del CNE y estarán integradas por mínimo tres y máximo seis personas y podrán ser municipales, distritales y departamentales.
Entre sus funciones estará la de denunciar irregularidades; monitorear y verificar el cumplimiento de las normas sobre propaganda electoral, la financiación de las campañas, requisititos y calidades de los candidatos inscritos, y las campañas pedagógicas que emprenda la autoridad electoral, tanto en la etapa pre electoral y poselectoral. Las veedurías ciudadanas no reemplazarán los Tribunales de Garantías Electorales.
Los veedores electorales no podrán ser candidatos de ninguna organización política, tener parentesco en 4 grado de consanguinidad con un aspirante, ser empleados públicos o contratistas de entidades públicas ni participar en actividades de los Partidos o Movimientos Políticos, tampoco podrán suspender un proceso electoral.
Otra de las medidas que adoptará el CNE en las próximas elecciones será la obligación de los sufragantes en poner su huella y firmar en el formulario E11, como requisito para poder ejercer el derecho al voto. La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá incluir dos casillas con lo que se busca evitar la suplantación de electores.