En el Cesar hay más de 300 líderes sociales amenazados de muerte

Una de las víctimas amenazadas denuncio a DARIO DEL CESAR que la Unidad de Protección Nacional solo le asignó un chaleco antibalas y un botón de pánico.

El más reciente asesinato de una lideresa cesarense en el departamento del Magdalena, encendió las alarmas en el Cesar donde, según Jesualdo Hernández, asesor de Paz del departamento, hay más de 300 líderes cívicos y defensores de Derechos Humanos amenazados de muerte.

“Nosotros tenemos 82 líderes con medidas proteccionistas y 175 con medidas blandas.  Esos eran los registros a corte de diciembre de 2017, cifra que se ve sobrepasada hoy”, aseguró Hernández y manifestó su preocupación por el hecho de que, en lo que va del 2019, ya son 6 los líderes asesinados en el país.

De acuerdo a lo explicado por el asesor de Paz del Cesar, Jesualdo Hernández, en el departamento ya se está trabajando en la atención a las amenazas denunciadas por los líderes y lideresas.

“Venimos trabajando con dos alertas tempranas en el Cesar: la 010 que cobija a los municipios de Curumaní, Pailitas, Pelaya y Chimichagua; y, la 026 a otros 21 municipios; con esto venimos estableciendo comunicación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior, Policía, Ejército, Secretarías de Goierno y otros entes que brindan apoyo para el seguimiento a los líderes amenazados en el departamento.”, precisó el funcionario.

Hernández indicó que la ruta de atención deben activarla las víctimas de amenazas en instancias como la Personería, Defensoría, Inspección de Policía o Fiscalía. “Luego le corresponde a la UNP hacer un estudio de riesgo y determinar la gravedad del caso para brindarle las medidas pertinentes.”

El jefe de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Jesualdo Hernández, envió un mensaje de paz a los cesarenses e invitó a vivir en reconciliación y sana convivencia y aseguró que “el sufrimiento es mucho cuando asesinan a un líder porque la vida es de Dios y solo él debe decidir cuándo ponerle fin”

Mientras tanto, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, aseguró en los últimos días que el riesgo de los defensores de Derechos Humanos merece mayor atención del Estado; por lo que el próximo 21 de febrero se realizará en Bogotá “una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.”, según se lee en un comunicado oficial emitido por la entidad.

“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado.  Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SON INSUFICIENTES

En medio de la preocupación nacional por el aumento en el número de asesinatos a líderes sociales, uno de los miembros de  la mesa de víctimas en el municipio de La Paz y quien ha denunciado amenazas reiteradas a su vida, aseguró que las medidas de protección que se le asignaron son insuficientes.

De acuerdo a lo señalado por el líder que pidió protección de su identidad, la Unidad Nacional de Protección hace un estudio que determina la gravedad de cada caso y, de acuerdo a lo que ese estudio arroja, se le asigna a cada víctima las medidas que la entidad considera pertinente.

“Si yo denuncio amenazas contra mi vida, es porque considero que estoy en riesgo y mi familia también. Pero la UNP decide que solo necesito un chaleco antibalas y un celular”, señaló el denunciante quien además advierte que si alguien quiere acabar  con su vida  seguramente tendrá más recursos que un disparo al pecho, y tampoco tendría tiempo de hacer una llamada por celular para avisarle a las autoridades.

Frente a los casos de líderes amenazados en el municipio de La Paz, el personero municipal, Francisco Figueroa, aseguró que “si bien se han presentado denuncias de amenazas que han sido atendidas tras la activación de la ruta, no se tiene claro a qué obedecen pues para que un líder social sea amenazado debe estar haciendo algo que le incomode a alguien más, como por ejemplo, estar inmerso en asuntos de tierras”, precisó el funcionario.

Además, añadió que entre las personas del municipio que han denunciado amenazas solo una cuenta con medidas proteccionistas que incluyen escoltas y eso obedece a los antecedentes que rodean al denunciante; mientras que no se tiene claro a qué obedecen las posibles denuncias a la vida de los otros miembros de la mesa de víctimas.

A finales del año pasado, Diana Quigua, de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, s denunció que han sido muy pocas las respuestas del Estado en las investigaciones y que en el tema de las medidas de protección no escuchan las voces de los líderes indígenas para saber qué es lo que ellos necesitan.

Mientras tanto, para la misma fecha, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, aseguró que la situación de los líderes en Colombia es “apremiante y de extrema preocupación”. Indicó que de manera constante se evidencian nuevos asesinatos, ataques, denuncias y amenazas. “Se debate sobre los números, se anuncian posibles soluciones y, finalmente, las medidas hasta hoy no han dado resultado. Más bien lo contrario”.

Por DANIELA CÁRDENAS