Los líderes sociales, a merced del crimen
Mientras el Gobierno Nacional insiste en que ha venido tomando las medidas para proteger la vida de los líderes sociales, en especial luego del reciente ataque en el norte del Cauca, los defensores de derechos humanos y las instancias internacionales continúan pidiendo mayor efectividad para contrarrestar este fenómeno.
Así lo ha dejado consignado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien manifestó desde Ginebra, Suiza, su preocupación por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia y por el hecho de que esta tendencia para estar empeorando.
Las estadísticas dicen que hay un reporte de 51 asesinatos de personas durante los primeros meses de 2019, a lo que se suma una tendencia negativa que se intensificó durante el año pasado, donde el personal de Naciones Unidas documentó la muerte de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia.
Al pronunciamiento de Naciones Unidas se suma el capítulo que se vivió en la más reciente sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Jamaica, donde el Gobierno Nacional tuvo un encontrón con representantes de las comunidades indígenas, las cuales denunciaron que aún no se han puesto medidas de protección efectiva a raíz de las amenazas frecuentes de las ‘Águilas Negras’.
“Denuncio ante esta comisión que hace tres meses fui objeto de amenazas de las ‘Águilas Negras’, que me dieron dos días para abandonar la región o de lo contrario atentaría en contra mía y de mi familia, pero la Unidad Nacional de Protección tomó la decisión unilateral de desmejorar mi esquema”, denunció Robinson López, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Ante esto, Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló que a las comunidades se les ha suministrado protección individual y colectiva para protegerlos contra estas amenazas, pero que dichas medidas no pueden ser ilimitadas.
Por su parte, el presidente Iván Duque anunció que se creará un cuerpo de jueces, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y demás autoridades, para atender de manera rápida la judicialización de los asesinatos y amenazas a líderes sociales.
El jefe de Estado reconoció que la grave situación relacionada con los líderes sociales en el país se debe a que detrás están grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros, los Caparrapos y los Grupos Armados Organizados (GAOS).
Según las últimas cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo, después de la Alerta Temprana 026 de febrero de 2018, ocurrieron 172 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, donde el 72 % se registró en municipios que ya habían sido advertidos. La entidad señaló que las amenazas se incrementaron en un 47 %, llegando 982 entre marzo de 2018 y febrero de 2019. La Entidad informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia.
Todo lo anterior nos demuestra que el Estado ha hecho poco por detener la ola de barbarie y crímenes que se vienen perpetrando contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en el país.