La retórica parlamentaria
El adoctrinamiento político que por estos tiempos muestran los medios masivos tradicionales de comunicación, -incluyendo la redes sociales- nos ha permitido a muchos colombianos trasladar nuestra atención a otras fuentes informativas menos sesgadas, aunque estén orientadas por los mismos intereses. En un país donde supuestamente la ley, la justicia y las instituciones garantizan el ejercicio del Estado Constitucional y Social de Derecho, todas las actuaciones del Congreso de la República, que es el lugar donde se hacen nuestras leyes, deben propender por garantizarnos lo que ahora se llama el “orden institucional”, que pertenece a todos.
En el Noticiero del Senado no sólo vemos noticias, sino escuchamos a nuestros padres de la patria referirse en entrevistas a los temas de actualidad. Frente a los ojos del televidente los congresistas se presentan “solidarios, defensores del bien común, altruistas y receptivos a los miles conflictos que la sociedad padece”. La semana anterior anunciaron la citación al Congreso del señor ministro de la Energía a un debate de control político por las altísimas tarifas de este servicio. “O comemos o pagamos luz” dice el ciudadano. Otros parlamentarios muestran su preocupación por los problemas carcelarios, lugares donde se alimenta el hampa y se proyecta la delincuencia de alto coturno en el país. Para volver a tiempos relativamente superados, se plantea la creación de una Guardia Militar Carcelaria. Vemos y escuchamos como los padres de la patria están preocupados por la cantidad de colombianos que mueren en las puertas de los hospitales y clínicas suplicando una atención médica. Se les oye decir que el 70% de los jóvenes bachilleres no tiene acceso a la educación superior. En fin, millones de tutelas impuestas por ciudadanos que reclaman la protección de la Ley, afectan el funcionamiento de la Justicia, degradando otros derechos que esa misma justicia debe preservar como la igualdad entre iguales, la libertad, la seguridad individual.
Pero cuando usted apaga el televisor y agacha su cabeza implorando una imparcial reflexión, concluye que el discurso parlamentario no está en consonancia con la realidad del país, con lo que dictan o no dictan sus leyes. Se predica, pero no se practica. Existe un sideral divorcio entre lo que les dicen los parlamentarios a sus conciudadanos -muchos de ellos sus electores- y las leyes que rigen el orden institucional al que nos referimos, y que luego aplica la justicia. Ese divorcio entre lo que mandan o prohíben nuestras leyes y las necesidades sociales, nos ha vuelto improductivos, atrasados, miserables, marginales, generador de injusticias. Acéptese o no, tenemos un orden jurídico manipulado por los intereses que la ley representa, hecho en el Congreso para escamotear los presupuestos, secuestrado por mandatos que no producen ni empleo ni bienestar colectivos, ordenamiento legal que mantiene al país paralizado, atado de pies y manos, inclinado, hecho para los intereses económicos de unos pocos, que genera como consecuencia una aplicación por los jueces, siempre expuesta a la corrupción y al desorden institucional.
La presencia de un tejido legal anacrónico, afuncional y torcido, que solo aplica para los de ruana, que les obliga a pagar altos impuestos, a sufrir elevadas tarifas de servicios públicos, que no les permite acceder a la explotación agrícola retrasando la productividad, que no les produce empleo, que no le brinda seguridad a sus conciudadanos, que no les ofrece la posibilidad de que sus hijos accedan a la Universidad, nos obliga tristemente a expresar que el Congreso de la República es una institución con una retórica demagógica que promueve la injusticia, perversamente omisiva, y lo que es peor, que desprecia a altísimos costos presupuestales, los más grandes valores de nuestro suelo axiológico constitucional como son la libertad, la paz, el orden y el progreso.
*Abogado Laboralista*Profesor universitario*Escritor