Revocan sanción contra Ernesto Orozco por desacato judicial
El caso fue archivado de manera definitiva
A pocos días de haber asumido la Alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, recibió una sanción por un desacato judicial heredado de la administración anterior, sin embargo, dieron respuesta y se dio por concluida la diligencia.
El Juzgado Segundo Penal Municipal Para Adolescentes, decidió revocar la sanción de 10 días de arresto y una multa impuesta al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, a partir de una queja de desacato a fallo de tutela presentada por el defensor de Familia del ICBF, Roberto Carlos Acosta Maestre.
En esa oportunidad, el abogado solicitó información sobre las reuniones preparatorias para el concierto de Silvestre Dangond, realizado en la capital del Cesar el pasado mes de noviembre.
En tal sentido, la respuesta de la Alcaldía de Valledupar a la solicitud fue clara y precisa, concluyendo que la petición fue resuelta, al cumplir adecuadamente con la orden judicial, lo que llevó a la desestimación de la queja por desacato y su archivo definitivo.
El nuevo fallo, del 7 de febrero, advierte que “no tiene sentido continuar con el presente trámite, cuando la Alcaldía de Valledupar, con su actitud positiva, finalmente demostró haber acatado la sentencia de tutela proferida el 20 de diciembre de 2023, en amparo del derecho fundamental de petición de Roberto Carlos Acosta Maestre, lo que se traduce en que, la queja en estudio, por desacato a orden judicial, deberá ser desestimada, disponiendo su archivo definitivo”.
En tal sentido, el jefe de la Oficina Jurídica del Municipio, José María Campo, explicó “que una vez conocido el procedimiento se articularon internamente con la sectorial correspondiente, y atendido la orden del juez, se dio respuesta de fondo a la petición del accionante, situación que demostró plenamente al juez, quien finalmente desestimó la queja por desacato presentada ante el fallo de tutela de primera instancia”.
En este mandato, se ha dispuesto un equipo jurídico para atender todos los requerimientos que presenten los ciudadanos sean de derecho de petición o cualquier otra índole a fin de que no se llegue a los estados judiciales.