Así reconoció el Estado colombiano su responsabilidad en el crimen de Guillermo Cano

Luego de 38 años del homicidio de don Guillermo Cano Isaza -director de El Espectador (1952-1986)- a manos del narcotráfico, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el crimen. En un acto en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Colombia cumplió con una orden impartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe desde 2001.

El día del periodista, 9 de febrero, sirvió como marco para el acto de memoria, en el que la máquina de escribir de ‘don Guillermo’ en el centro de la tarima del auditorío dónde se celebró la acción de reconocimiento dio testimonio de una violencia histórica en contra de aquellos que se han atrevido a denunciar los excesos, las injusticias y lo que está mal en la sociedad colombiana.

«Todos le fallamos a don Guillermo Cano, a su familia, a El Espectador, a los periodistas», fue el reconocimiento hecho por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que aseguró que el crimen fue un intento de borrar totalmente la labor del periodismo de El Espectador.

«El Estado colombiano miró para otro lado (…) Es inexcusable que esto haya ocurrido», añadió el ministro, que enunció todas las faltas que habría cometido Colombia, incluso sugirió cierta complicidad.

El ministro destacó la labor que ha hecho la familia Cano Busquets en todos estos años. «Les agradezco que no hayan declinado», dijo Osuna, que destacó su compromiso con la sociedad colombiana: «Gracias por haber insistido y creído en una sociedad que no está a la altura de lo que ustedes han hecho por ella».

A esto añadió la importancia que ha tenido El Espectador en la construcción de país.

El ministro Osuna cerró hablando de que la sociedad colombiana ha sido víctima y victimario. «El poder judicial quedó debiendo, no actuó. En la sociedad se gestó este demonio. Debemos entender que nuestra sociedad tiene mucho por cambiar y en esto está el sentido de pedir perdón 37 años después».

Para el ministro, es necesario reconocer que tantos años después no se puede hablar de hacer justicia, pero estos actos son importantes para modificar la sociedad. «No podemos devolverle la vida a don Guillermo Cano, pero tenemos que conservar su memoria, de su familia y de El Espectador. Al menos ese componente de justicia es esencial».

Sin embargo, el representante del gobierno expresó su compromiso para que la justicia reanude sus labores para buscar los relacionados con el crimen del director de El Espectador y los hechos posteriores a este. «¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no hay culpables? Tenemos que construir verdad», dijo Osuna, que hizo una breve mención del interés de que la reforma de la justicia de este gobierno se enfoque en la verdad. «Mi compromiso es que vengan tiempos mejores para la justicia, para la democracia», complementó Osuna, que luego hizo mención a la última mención el último editorial de ‘don Guillermo’. «Les ruego que acepten la solicitud de perdón del Estado colombiano», cerró Osuna.

Por la familia Cano habló Fernando Cano Busquets, hijo del inmolado periodista. Este recordó que no solo fue el crimen de su padre, sino que después la violencia del narcotráfico se desató en contra del diario El Espectador, sus figuras y cientos de figuras que se enfrentaron a los tentáculos de la mafia que buscaban permear distintos estamentos de la sociedad colombiana. «Defendían la democracia y a todos los mataron», dijo Cano Busquets.

En su recuento de las distintas etapas del caso Cano en la CIDH, Fernando Cano señaló los intentos del Estado por no reconocer su responsabilidad. Fueron varios los gobiernos que trataron de evitar la orden del estamentos interamericano. Y luego, fueron 23 años en los que el Estado evitó hacer el reconocimiento que se le ordenó. Solo hasta este viernes se cumplió con la orden.

«Aceptamos y recibimos 37 años después la manifestación pública del Estado colombiano. esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos en fin, la merecida memoria de sus seres queridos. Seguimos soñando, como don Guillermo Cano Isaza, en una Colombia con mayúsculas”, con estas palabras se aceptó el reconocimiento que llega casi cuatro décadas después .

Los acuerdos a los que llegó el Estado

La directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Paula Robledo Silva, fue la encargada de anunciar los acuerdos a los que llegó el Estado colombiano con la familia Cano Busquets. Antes de eso, Robledo Silva también hizo una breve mención de la importancia que tuvo el asesinado periodista: «Difícilmente podemos encontrar un editorial, escrito o coronica que no demuestre el compromiso con los derechos humanos de ‘don Guillermo’».

«Este acto busca contribuir a reparar a los familiares» añadió Robledo, que expresó que el Estado lamenta el largo proceso para llegar a este acuerdo. Este acuerdo, según la funcionaria, marca el inicio de la reparacion.

El acuerdo acoge las recomendaciones de la CIDH en el caso Guillermo Cano Isaza. Esto incluye un compromiso para que la Fiscalía siga investigando que permita el esclarecimiento del crimen, realizar una un documental sobre la violencia que sufrió El Espectador y una posible reparación económica, que «será destinada única y exclusivamente a la financiación del Premio Mundial de Periodismo, Unesco-Guillermo Cano», señaló la familia».

Otras intervenciones

El primero en asumir la palabra y destacar el acto de reconocimiento fue el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock. Precisamente esta organización fue una de las que lideró la demanda en 1998, de la mano de la familia Cano Busquets. «Su valentía marcó una ruta que debemos seguir recorriendo», dijo Rock sobre Cano Isaza y sobre la importancia de seguir su legado.

La actual cabeza de la SIP destacó que el Estado admita su responsabilidad, pero al mismo tiempo señaló que «esta ceremonia no logra retirar el manto de impunidad del caso Cano durante 37 años».

Rock advirtió que haber logrado justicia en el caso Cano habría evitado otros crímenes en contra de periodistas en Colombia y en toda la región. «Deseamos que este acto traiga algo de paz perdón y algo de concordia», añadió el también periodista mexicano que concluyó señalando que rescatar el legado de Guillermo Cano es fundamental para el actual panorama del periodismo del continente, «sobre todo cuando la narrativa política busca restar credibilidad al buen periodismo».

Le siguió Johnatan Bock, actual director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Este apuntó a que, desde el homicidio del director de El Espectador, la violencia en contra de los comunicadores ha seguido en Colombia. En total son 166 muertos, el último fue hace dos semanas en Sucre: Mardonio Mejía. Bock le reclamó directamente al ministro de Justicia, Néstor Osuna , debido a que de los 166 homicidios desde 1986, solo uno ha tenido lo que se ha denominado «justicia completa».

El comisionado de la CIDH José Luis Caballero fue el vocero de esta instancia. Lo primero que hizo fue llamar la atención de que son 37 años desde el crimen. «Reconocemos la impecable trayectoria de don Guillermo Cano. Hizo frente a los carteles y deja un legado a las generaciones futuras» dijo Caballero. Luego este procedió a enunciar el informe que ordenó el reconocimiento.

En este ejercicio señaló que el propio Cano había advertido a las autoridades y las omisiones en las pesquisas posteriores. «Tuvo un efecto amedrentador» añadió el relator, que señaló que el asesinato para amedrentar la libre expresión y afectó directamente el derecho a la libre información.

Caballero pidió disculpas por el trámite atípico del caso Cano. «No fue informado oportunamente», señaló el relator, que habló de una demora innecesaria que afectó a la reparación de la memoria. Y es que después de emitirse el informe de reconocimiento en 2001, la CIDH no hizo seguimiento debido sobre el cumplimiento del reconocimiento y solo hasta el 2024 se llevó a cabo la acción por parte del Estado colombiano, sin siquiera adelantarse los actos de reparación. José Luis Caballero anunció el compromiso de apoyo de las partes para el cumplimiento de lo acordado, esto incluye estar pendientes del avance de todas las medidas de reparación, incluyendo que se haga justicia en el caso una vez por todas.

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