Álvaro Leyva dice a Procuraduría que se va del cargo cuando Petro nombre a su reemplazo
El Canciller es investigado por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
En un carta enviada a comienzos de este mes, el canciller Álvaro Leyva le manifestó a la Procuraduría General de la Nación su postura frente a por qué no ha dejado el cargo, pese a una suspensión provisional que pesa sobre él por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
El mensaje del ministro de Relaciones Exteriores está firmado por su apoderado, el abogado Yefferson Dueñas, quien comenzó por resaltar que el nominador -jefe de su cliente- es el Presidente de la República; y que existe una necesidad de «garantizar el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales que incumben a la Cancillería».
En esa línea, el abogado le comentó al procurador delegado para este caso, Ernesto Jesús Espinosa, que Leyva no puede separarse del cargo hasta que el presidente Gustavo Petro nombre su reemplazo.
«En cuanto concierne al disciplinado, como siempre ha sido su norma de conducta,
estará presto a cumplir con los mandatos que le imponen la Constitución y la ley. De manera que, precisamente por ello, no puede separarse del ejercicio de sus funciones sin que exista un acto administrativo que así lo protocolice por parte de su nominador, so pena de verse expuesto a investigaciones por abandono del cargo de cargo e incumplimiento de sus deberes funciona», explicaron.
Es de destacar que como Álvaro Leyva sigue en el cargo, en los últimos días ha firmado varios decretos nombrando a funcionarios en puestos de la Cancillería.
Por otro lado, se hizo énfasis en que están a la espera de que se resuelva la consulta que se elevó ante la Procuraduría por la decisión que lo suspendió por tres meses y lo llamó a un juicio disciplinario.
«De seguro comprenderá usted que el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia, que por demás es en estos momentos objeto de consulta ante la señora Procuradora General de la Nación, hace imprescindible la coordinación de diversas funciones con miras a garantizar eso mismo que la Sala Disciplinaria exigió: la garantía en la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones de la Cancillería», añadieron.
El viceprocurador, Silvano Gómez Strauch, resaltó la semana pasada que «el abierto desacato del Canciller y del Presidente de la República de la decisión de la Procuraduría General de la Nación atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley».
/El tiempo